Los trabajadores de Ecotrans resisten al desguace: paro y marcha a Capital este martes

Pese al acuerdo al que arribaron los dueños de Ecotrans con tres empresas compradoras y la UTA, hoy la asamblea de trabajadores de esa línea convocó a un nuevo paro para este martes, con marcha hacia la Secretaría de Transporte, en contra de la división de los ramales y del desguace sindical.

La decisión se tomó en la tarde del lunes en una asamblea que convocó a casi 700 empleados de la empresa de colectivos del Oeste. Además, desde las 17 se reanudarán los servicios de todos los ramales, pero no se cobrará el boleto. La decisión fue «unánime», según el vocero Carlos Pacheco.

La asamblea había sido convocada el viernes último para «debatir y aprobar las medidas a realizar contra el desguace» que aprobó la cúpula de la UTA. El cuerpo de delegados, a diferencia de aquella, milita en el PO, y ahora además se enfrenta con «los punteros» que buscan desarmar las manifestaciones. Para la organización gremial clasista sería una derrota repartirse entre las tres empresas en que se dividirían los ramales de Ecotrans.

«Hay mucha presión desde desde el poder político como de la propia UTA para descomprimir nuestra lucha y dejar pasar este acuerdo que, ya está comprobado por la propia resolución, que son varios los trabajadores que quedan en la calle», comunicaba el sábado pasado Pacheco en su cuenta.

Las asambleas se realizan en la cabecera de Marcos Paz, por lo que han pedido la intermediación del intendente, Gustavo Menéndez. También se reunieron con el de Morón, Ramiro Tagliaferro, «quien se ha llamado a silencio después de comprometerse a gestionar una mesa de trabajo tal cual era nuestro reclamo».

Para el cuerpo de delegados, «la Secretaría de Transporte desde hace años viene siendo un antro que manejan los grandes empresarios, donde se cocina los grandes negocios que giran al rededor de los subsidios».

Sin embargo, la decisión final está en manos de la jueza que entiende en la convocatoria de acreedores (Juzgado Federal Comercial 18 de Capital Federal) y a quien llegó un informe nada favorable de AFIP para con algunos oferentes.

Según comunicó Pacheco, la jueza habría informado que  «las empresas que asumirían la explotación, salvo La Cabaña SA, tramita o tramitó un concurso preventivo» y se trata en dos de los cuatro oferentes “de empresas que han atravesado o está atravesando una crisis, lo que conduce a considerar la estabilidad económica y disponibilidad de recursos como para afrontar la explotación de la que pretenden hacerse cargo» de Ecotrans.

Por otro lado, se sostiene que Ecotrans, al perder su fuente de ingresos, no cuenta con recursos para poder hacerse cargo de pagar sus deudas, incluidos aportes y contribuciones previsionales. El acuerdo de la UTA le permitiría recibir dinero fresco a través de alquileres que administra la jueza. Una situación insólita, sólo por tratarse del mismo grupo que recibió millones de subsidios en Ecotrans, Grupo Plaza y TBA en la década K.

El traspaso «no ha sido sometido a consideración del Ministerio de Transporte, de modo que no se encuentra aprobado», sostiene el Juzgado y plantea que “la atribución de las líneas deberá ser resuelta con participación de las autoridades de aplicación», es decir, tanto Transporte como Trabajo.

«Todo esto confirma lo que venimos denunciando acerca del desguace. Sin embargo, el Ministerio de Transporte sigue sin pronunciarse. Hemos hecho una propuesta a las autoridades planteando una salida diferente que evitaría el desguace, que mantendría la unidad del servicio y permitiría defender un transporte para todos, que no ha sido respondida. El deterioro aumenta y la situación se hace insostenible», explicó Pacheco.

El delegado sostiene que «el Estado tiene que tomar en sus manos junto con los trabajadores, la responsabilidad de garantizar los servicios y los puestos de trabajo, hasta tanto haya una solución definitiva». Pidió «un relevamiento de la empresa y se apruebe un presupuesto para insumos y una recuperación básica de la flota de colectivos» porque «la plata no puede seguir otorgándose a quienes han vaciado la empresa desviando los recursos».

«Esto es posible, sólo se necesita la decisión política del gobierno a través de la Secretaria de Transporte», sostuvo Pacheco.

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