Asuntos Internos investiga si la Policía Local custiodaba a un empresario amigo de Descalzo

Los concejales recibieron ayer al secretario de Gobierno de Ituzaingó, Alfredo Almeida, quien intentó explicar por qué el municipio le retiró sus patrullas a la Policía Local. Una disputa política que explotó tras el robo a un empresario y la investigación abierta contra el desplazado jefe de la fuerza.

El responsable del área de seguridad salió a hablar luego de dos semanas de absurdo silencio, tras la nota que su subordinado (el subsecretario de Seguridad, Hugo Rojas) le envió la Unidad de Policía Local el 16 de junio para avisarle que pasarían a retirar los móviles y nextel que pertencen al municipio.

Luego vinieron explicaciones inconsistentes y hasta insólitas. Almeida dijo ayer que la idea es reponer las patrullas, pero la Provincia ahora las rechaza.

El funcionario de Descalzo seguró que el Ministerio había violado los convenios al cambiar al jefe de la UPL «sin consultar». Cierto o no, la verdad es que no hubo nadie que no saliera a criticar la decisión del gobierno de quitar elementos básicos, por una disputa que podría tener cosas ocultas.

Por otra parte, Almeida calificó al Convenio de Adhesión a la Policía Local firmado en el año 2014, «como insuficiente» y manifestó la «intención de someterlo a una rediscusión, dado que la Municipalidad no se encuentra obligada realizar gastos en favor de una fuerza de seguridad provincial».

«Nos sorprende el giro del Intendente y el Secretario de Gobierno, que hoy se quejan de lo que hasta hace un tiempo callaban. Cuando se trató la Convalidación del Convenio en el Concejo Deliberante, votamos en forma negativa porque entendíamos que esa pretendida descentralización era parcial, incompleta e insuficiente. Tan solo se transfirió parte de la función operativa al Municipio», describió hoy el concejal socialista Esteban Vallarino.

El intendente, Alberto Descalzo, estuvo ayer en el programa AM (Cablevisión), donde se victimizó al decir que «están queriendo instalar un clima de malestar».

No negó que la Provincia le mandara $5 millones, pero dijo que la comuna invirtió otros 15 para reparaciones y combustible. Las patrullas en disputa, admitió, están en un estado calamitoso. Contó que habló con el ministro Cristian Ritondo, con quien alegó tener una relación que es «correcta».

Además, declaró que no estuvo durante todo el fin de semana largo del conflicto «por la muerte de un familiar» (sería el padre de su pareja, Marta Pérez).

Lo que aún esconde la crisis política desatada por aquellas cartas que no se le pueden imputar a Rojas (si las hubiese enviado por su cuenta habría renunciado o sido echado), es una pelea por el control de la fuerza de seguridad. Poder que Descalzo tuvo al menos con los últimos años de Scioli, aún antes del convenio de la Policía Local (una fuerza creada a los apurones, pero que no llegó a ser ley ni depende en lo absoluto de la comuna).

Lo que sí existen son convenios marcos de colaboración. Es el Ministerio quien dispone de la conducción de la fuerza, aunque con cierto consenso con los intendentes. Lo que ocurrió con el desplazado Crio. Jorge Castillo, reveló finalmente Vallarino, es que está sospechado de utilizar a los agentes de la UPL para seguridad privada y cobrar adicionales, tal como habrían admitido los uniformados al ex concejal Mario Revel.

«Hay una investigación en curso de Asuntos Internos», habían dichos los concejales de Cambiemos, pero sin abrir fuego. «Hasta tanto no termine esa investigación prefieren guardar silencio, pero lo que pasó fue que hubo a un auto de la empresa Traverso, que estaba acompañado por una patrulla de la Policía Local, a la cual también le robaron hasta las armas. No se sabe qué estaban haciendo ahí», desasnó hoy el escaño por el socialismo.

El robo fue superior, según esa versión, al millón de pesos. Una suma enorme para el ciudadano común. Más que suficiente para contar con una custodia.

Alberto Traverso es un emblemático empresario del distrito, quien montó una tremenda empresa logística en torno al negocio de los alimentos para perros. Allí, donde hoy tiene sus depósitos, sobre la calle Brandsen al 1400, antes mantenía el «campito Traverso», que solía ser utilizado para partidos de fútbol amateur. Eran canchas prácticamente profesionales. También se usaron esos terrenos para que aterricen los helicópteros de los últimos gobernadores justicialistas que pasaron por el distrito. Incluso se hicieron allí, hasta el año pasado, grandes actos del FPV. La trascendencia de la empresa lo llevó al intendente a participar de un acto por la ampliación de las instalaciones de la empresa, en mayo del año pasado.

Castillo, por qué no Almeida, tendrían que explicar so la Policía Local hacía adicionales o favores de seguridad para una empresa que bien puede costear un seguro y una custodia privada. Tampoco han explicado mucho desde un Ministerio que tiene toneladas de reclamos que resolver en su materia.