La Cámara Federal de La Plata declaró este jueves «nulas» las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que dispusieron un aumento en la tarifa del servicio de gas. Ayer hubo protestas en la sede de Gas Natural de Tres de Febrero y hoy de Morón. En ambos gobierna el PRO.
La resolución de «declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, retrotrayéndose la situación tarifaria a la existente previamente al dictado de ambas», responde a un recurso presentado por la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
Distintas decisiones judiciales emitidas en los últimos dos meses habían suspendido los aumentos de gas en Jujuy, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Salta, San Luis y el norte de Mendoza. Asimismo, en Chubut un tribunal de Rawson declaró en mayo inconstitucional el aumento del gas.
También en mayo, un fallo había frenado la aplicación del aumento en la localidad rionegrina de Bariloche y medidas similares se dictaron en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El Gobierno salió rápidamente a explicar que no está de acuerdo pero que acatará el fallo de la Justicia.
Más allá de la necesidad de achicar la factura de los subsidios, exorbitante en los últimos años, y de recuperar la producción energética, el aumento de gas había llegado a un absurdo total. Esta mañana, un grupo de vecinos tomó la sede de Gas Natural en Carlos Casares, pleno centro de Castelar. Llevaban en mano boletas de hasta 5 mil pesos. Por más tarifa social que exista y más allá de las cuestiones legales (como la falta de audiencias públicas) la aplicación del nuevo cuadro tarifario tiene ejemplos sin sentido. «A mí me vino 200 pesos, menos de la mitad que antes y a pagar en dos cuotas», explica sorprendida la dueña de un dúplex en Castelar Norte. A su amiga, comerciante, la boleta le pasó de $2.400 a $20 mil.
«Me subió $1.450 el gas», se lamenta una jubilada que gana la mínima. A su primo, dueño de una vivienda multifamiliar, que alquila, le bajó a $150. La primera no entiende adónde ni cómo, ni por qué tiene que inscribirse en la tarifa social. El segundo reza para que no le liquiden todo junto.
No sería la primera vez que el macrismo baja una orden, buena o mala, que después tiene pésimos intérpretes. La gobernadora Vidal había ordenado descontarle los días de paro a los auxiliares. La liquidación de haberes de mayo llegó con quitas enormes a personal con presencia perfecta. «Si hay un sabotaje tendrían que denunciarlo y además retrotraer todo a cero. La verdad es un lío enorme», reflexionó una fuente del PRO.
A pesar de todos los ejemplos, el oficialismo no parece darse cuenta de que algo anda mal y se aferra a una medida que, a lo sumo, ha intentado «flexibilizar». Mientras tanto, el kirchnerismo (al que acusa por la herencia) se hace un picnic: C5N transmitió en vivo esta mañana desde Castelar. En las sucursales de Gas Natural se exigía la presencia de los intendentes macristas, que no presentaron amparos contra los tarifazos como sus vecinos peronistas. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, pidió, inclusive, la renuncia del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Ante semejante escenario, el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, siguió al pie de la línea las disposiciones de la Casa Rosada. «No comparto la judicialización de la política pública», empezó diciendo ayer, tras ser consultado en rueda de prensa. «Estuve cuatro años de diputado y dos como concejal y nunca fui a la Justicia por una política pública. Es una política del Presidente, que acompañamos muchos intendentes. Tenemos los problemas que tenemos porque vivíamos en una nube. Nos decían que había más pobres en Alemania que en Argentina», declaraba ayer.
Le preguntaron si no pagaba un costo político al no recurrir a la Justicia. «Puede ser. No hacemos encuestas para tomar decisiones. No son decisiones electoralistas, pero estamos discutiendo el futuro energético de la Argentina: si vamos a tener energía en el verano», respondió sin complejos.
En el primer semestre, Tagliaferro repetía eso de «cruzar el charco». En el arranque del segundo, asumió: «Nos estamos ajustando el cinturón todos».
De todas formas, continúa con el plan de subsidio a clubes, pymes y comercios, mediante un fondo que se aprobó en el HCD. «Estamos en plena reglamentación. Tenemos que ver cómo vamos a distribuir esos fondos, cuanto antes, porque es una emergencia», explicó. Por último, redobló la apuesta: «A los comerciantes no les causa gracia tener el triple de costos fijos, pero les decimos los números con la verdad, no vivimos en una burbuja».