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El Plenario de Mujeres del Partido Obrero de Morón presentó un proyecto para la creación del Centro Integral de la Mujer. Lo fundamentó, el jueves, en el espacio Banca Abierta del HCD, donde Tamara Jorgelina Sotelo expresó su preocupación por la violencia física, emocional, como laboral.
El proyecto de ordenanza pretende dar atención telefónica y presencial todo el año, las 24 hs. con un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados que asesoren, orienten y acompañen a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos.
La presentación cuestionó «la falta de decisiones política que asuman al problema de la violencia de género y el femicidio, como una cuestión que atraviesa a la mujer trabajadora en el ámbito doméstico y o laboral y que se ve a diario profundizado».
En ese sentido, se recordó «la aprobación de una ley como la 26.485 de “Protección integral de la mujer en donde desarrolle sus relaciones interpersonales”, que no puede ser aplicada en primer lugar porque no existe la forma, es decir la reglamentación, y en segundo lugar porque nunca fue presupuestada».
«Hablamos de que desde que fue aprobada la ley de Trata de personas, hace 8 años, el Estado no ha desbaratado una sola red de trata y las mujeres que han sido recuperas suponen apenas el 50 % de las que fueron secuestradas después para la explotación sexual. Hablamos de la falta de decisión política para el desmantelamiento definitivo de prostíbulos que habilitan un tremendo negociado de explotación de la mujer, niñas y niños y la trata de personas», se indicó.
También «cuando las mujeres tienen que recurrir a la activación de un botón de pánico se desplaza en ellas la responsabilidad de su cuidado y protección en el caso de que éste no haya sido adecuadamente activado, cuando un hombre viola un cerco perimetral no hace más que atravesar un cerco simbólico que no protege a la víctima ni evita que sea luego asesinada, de esto el Estado es responsable también».
Sotela ejemplificó la discriminación laboral: «Se expresa claramente en, que de los 125.000 despidos que van del año, el 75 % de ellos fueron mujeres en su mayoría sostén de familia y que ya venían siendo precarizadas y contratadas con salarios por debajo de la canasta familiar».
Se explicó que durante 2015 las mujeres víctimas de femicidio fueron 285 y se le suman los femicidios vinculados que fueron 42: «Sin ir muy lejos en mes de marzo, semana en la que se conmemoraba el día de la mujer trabajadora, Cintia una joven mamá de Castelar Sur, es asesinada por su ex pareja quien tenía cerco perimetral. Un mes después, Florencia una joven de 14 años de Morón Sur, es asesinada en un galpón de Ramos Mejía por un hombre con causa por violencia género. A esto se le suma infinidad de denuncias de abusos, violaciones y todo tipo de violencia a la mujer».
A pesar de la defensa que el sabbatellismo hizo del Centro Vivir Sin Violencia (donde funcionaba una suerte de UB), fueron varios los cambios que Cambiemos hizo en políticas de género: por primera vez hubo detenciones por violencia de género, como también en cuanto a la trata de personas.
El Plenario femenino del PO resaltó, en cambio, que «en Morón no existen Centros Integrales de la Mujer (CIM) para atender a la población que sufre este flagelo».
Y explicó el proyecto: «Las Comisarías de la Mujer muchas veces no reciben las denuncias y poco pueden hacer para brindar asesoramiento integral a las víctimas de violencia del distrito. El Centro Municipal atiende dentro de determinada franja horaria (de 8 a 20 hs.) y brinda asesoramiento psicológico y jurídico a las víctimas, pero no existe la ayuda material real para el imperativo de la problemática, es decir que la mujer violentada no tiene un espacio que atienda sus necesidades la 24 hs. del día los 365 días del año, ni un lugar donde refugiarse en el caso de tener que abandonar su hogar solas o con sus hijos».
«Por esta razón, este proyecto de ordenanza dispone también la creación de una casa refugio para dar respuesta material inmediata al problema de la mujer víctima de violencia doméstica, sexual e institucional y sus hijos. Además, dispone la otorgación de un subsidio por violencia de género equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil, para aquellas mujeres víctimas de violencia doméstica, sexual e institucional como forma de soporte para reconfiguración de las condiciones económicas, habitacionales y generales de las víctimas y sus hijos menores», agregó Sotelo.
Asímismo, se plantea «la creación de un dispositivo de organización para la capacitación y reinserción laboral de las mujeres víctimas de violencia doméstica, sexual e institucional en condición de realizarla», como también la «implementación una licencia especial por violencia de género con goce de haberes a todas las trabajadoras que presten servicio al Municipio».
