En Comodoro Py, Cristina confirmó que jugará en el 2017, mientras Sabbatella hace los deberes

El kirchnerismo duro intentó convertir de nuevo la declaración indagatoria a Cristina Kirchner (por defraudación al Estado, ante el juez Ercolini), en otro acto de victimización política. La ex mandataria aprovechó para lanzar una candidatura a 2017. Y Sabbatella se mostró como un militante fiel.

«Me quieren proscribir. La causa judicial es un disparate mayúsculo. Es una persecución política y un hostigamiento mediático», dijo Cristina Kirchner ante sus militantes, no tantos como en la indagatoria por el dólar futuro. No se sabe todavía adónde, pero con esa frase CFK confirmó que su estrategia es mantenerse en el tire y afloje del poder, apostando al último aliento que le queda de carrera política, aunque no está claro si su eventual presentación en las elecciones legislativas presiona o alivia a un Gobierno que tiene menos espaldas que el peronismo para manejar la crisis.

Varios ex funcionarios de la gestión K estuvieron haciendo el aguante, incluyendo a la ex ministro de Seguridad Cecilia Rodríguez, quien debe saber qué tarea cumple la Policía cuando se le instruye a conservar el orden. En la primera visita de CFK a Comodoro Py, fue La Cámpora la que ordenó la calle y copó los tribunales. El Gobierno no quiso que le pase lo mismo. Y, claro, se enfrentó a los cuestionamientos cuando llegaron los disturbios.

Eugenio Zaffaroni, Luis D’Elia, Fernando Esteche y Oscar Parrilli estuvieron al frente. También la diputada del FPV Juliana Di Tullio, que lució durante las horas de espera una escotada remera animal print. La moronense mostró sus atributos y denunció llevarse moretones y golpes de la Policía.

Sabbatella fue uno de los más activos, como en sus épocas de estudiante, seguro de ingresar en la lista del frente ciudadano que lidera ahora su jefa. «Tenemos que construir mayorías», repetía el sábado en Merlo. Congruente con la estrategia de Cristina en Tribunales, sus diputados propusieron crear una comisión bicameral que audite la obra pública de los 12 años de kirchnerismo, presidida por el FPV, a modo de inculpar a otros empresarios. El principal apuntado es Angelo Calcaterra, de IECSA, quien puso su holding en venta para despegar a su primo, Mauricio Macri.