El Obispado de Morón emitió un comunicado en el que afirma que César Grassi es investigado por el Vaticano. Aclara que el sacerdote tiene prohibida sus funciones religiosas, aunque por ahora se niega a quitarle los hábitos. La Corte Suprema de la Nación ratificó el fallo por abuso de menores.
La declaración del Obispado surgen luego de que Juan Pablo Gallego, abogado de «Gabriel», nombre de fantasía del joven que denunció al cura por agresiones sexuales cuando era menor de edad, cuestionara de manera pública la actuación que había tenido el papa Francisco en el caso y le reclamara que le sea retirada la condición de religioso que aún ostenta.
También, Nora Schulman, del Comité de Defensa del Niño, recordó que Grassi había sido «protegido» por la Iglesia y que la propia Conferencia Episcopal, cuando era presidida por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, contrató a un abogado para hacer una supuesta investigación imparcial sobre la causa, pero que derivó en una defensa cerrada tanto del hoy condenado por pedófilo como de la actuación de toda la Iglesia.
“Grassi aún no ha apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recurrirá a este organismo en los próximos días”, sostenía la Diócesis en un comunicado de 2013, luego de que el fallo contra el cura quedara firme y confirmado por la Suprema Corte bonaerense.
El comunicado de hoy, publicado en la página web oficial de la Diócesis, es el siguiente:
«Ante el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del sacerdote Julio César Grassi, el Obispado de Morón manifiesta que: Desde el inicio del juicio el sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis.
Está vigente sobre este sacerdote la medida dictada por el obispo de Morón -Mons. Luis Eichhorn- que le prohíbe el ejercicio público del ministerio.
Oportunamente la Santa Sede dispuso una investigación preliminar sobre las denuncias de la conducta de este sacerdote de la cual surgió un informe enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El Obispado actuará de acuerdo a los procesos canónicos vigentes que disponga la Santa Sede, los que serán informados debida y oportunamente a la opinión pública».