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La diputada nacional de Cambiemos Karina Banfi visitó anoche Ituzaingó, donde se reunió con concejales y dirigentes de las distintas fuerzas que componen la alianza de gobierno. La legisladora radical de origen bahiense explicó la ley de libre acceso a la información pública.
«La diputada compartió junto a los concejales del bloque Cambiemos y referentes locales, su experiencia en cuanto al libre acceso a la informacion, derecho que todo ciudadano posee y debe exigir a quienes los gobiernan, en especial en este tiempo en donde se esta por votar la rendicion de cuentas del año pasado», explicó el referente del PRO y director del PAMI local, Gabriel Pozzuto.
«Como todos los años, los datos necesarios para que los concejales puedan realizar correctamente su labor de contralor, nunca estan en tiempo y forma como lo indica la reglamentación. Esto impide que los funcionarios que tienen q velar por el correcto funcionamiento del gasto, puedan hacer su trabajo», se quejó el dirigente, en pleno estudio de la Rendición de Cuentas.
«Exigimos a los responsables del municipio, todas las herramientas para que los representantes de la comuna puedan analizar el gasto bajo pena de realizar las presentaciones judiciales pertinentes al caso, como particulares afectados», agregó.
El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó en marzo la ley de Acceso a la Información Pública. La ley que impulsó Banfi obliga a los tres poderes del Estado a brindar datos a cualquier ciudadano que lo requiera. Pero será puesta en marcha partir del 29 de septiembre próximo, luego de que fuera aprobada en el Congreso en septiembre de 2016 y reglamentada parcialmente el 31 de enero último.
A partir de la entrada en vigor de la ley, cualquier ciudadano podrá solicitar información pública en manos del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial y deberá tener una respuesta en tiempo y forma en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. Y en caso de no recibir respuesta en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial.
La normativa introduce además obligaciones de transparencia activa mediante la cual cada área del Estado se obliga a publicar de manera accesible, gratuita, actualizada y en formato procesable información sobre su nómina salarial, personal contratado, declaraciones juradas de funcionarios, ejecución de partidas presupuestarias y contrataciones entre otras cuestiones.
Prevé además la autarquía y la elección por concurso abierto, público y participativo de los funcionarios que integren la autoridad de aplicación. Y la creación de un Consejo Federal para la Transparencia que estará conformado por todas las provincias y desde el cual se podrá evaluar el funcionamiento de la aplicación de la ley.
