El Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó por mayoría la Rendición de Cuentas de 2016. El Frente Renovador aportó 4 de los 14 votos a favor y otros 2 salieron de los pseudo macristas Crego y Sánchez. Cuatro ediles macristas y dos progresistas se opusieron a un ejercicio marcado por el ajuste.
Si el gobierno de Alberto Descalzo hubiera comenzado el 10 de diciembre de 2015, seguramente hubiera declarado un estado «en quiebra», como hizo la gobernadora Vidal. Así lo marcaban los 174 millones de pesos anunciados como «deuda flotante acumulada», tras un año de puro gasto electoral.
Pero no. Descalzo inició su 21° año como jefe del Estado local con la premisa de reducir el déficit. La ecuación fue de manual: subió la presión fiscal y redujo el gasto. Una receta que Descalzo (y toda la oposición) califican de «ajuste», cuando de criticar al Gobierno nacional se trata, pero que en Ituzaingó se denomina «ahorro» y se dibuja como «superávit».
El informe fiscal del municipio fue leído al pie de la letra (aún cuando pedía que no lo interrumpan y sólo sonaba algún bostezo), por el concejal del FPV Jorge Esquivel, como miembro informante del bloque. Los números del Ejecutivo, si no mienten, arrojan una recaudación por $962 millones en 2016, casi 400 millones por debajo del Presupuesto original, mientras que el gasto fue 16 millones de pesos menor.
Así y todo se le adeudaron a los proveedores $66 millones. La deuda acumulada se redujo a 157 millones, a diciembre del año pasado. Había quedado en caja 68 millones de pesos. Bingo. Superávit. «Vamos por el buen camino», a pesar «de tener viento en contra», afirmó Esquivel, con críticas al «cambio de paradigma» del Gobierno de Macri.
Lo que no se explicó es por qué con viento a favor, el municipio había entrado en cesación de pagos y parecía en bancarrota hace un año, tras la salida del FPV del poder nacional. El massismo acompañó finalmente. El concejal Roberto Rocha había adelantado su agrado la reducción del déficit.
El año había comenzado con el levantamiento de la línea comunal de colectivos, que a mediados de 2016 retomó la 216, pero con personal de su plantilla.
El «ahorro» advertido por el PJ, acompañado por el Nuevo Encuentro, por el FR, por el ex Tupac José Luis Sánchez y por el incomprendido del empresario Sergio Crego, fue denunciado por el resto de la oposición como un verdadero «ajuste».
«El intendente dice en los medios que la gente le viene a pedir comida, pero redujo un 8% los bolsones de alimentos», en un año con 40% de inflación anual, sostuvo Nahuel Segovia, de Libres del Sur. El aumento en la política sanitaria fue en favor de la empresa de emergencias Salud Protegida, que pasó de 15 a 34 millones de pesos, para un contrato «que seguimos sin conocer».
Con los ajustes fiscales en las tasas (tanto lo aprobado por el HCD, como lo decretado luego, en septiembre) elevaron la recaudación municipal un 57%. Con los fondos de seguridad y de infraestructura, la Provincia mejoró en un 66% su Coparticipación. «Le bajó más plata Vidal, que Scioli», les espetó Segovia. Aún así, las cuentas de pavimentación y bacheo fueron subejecutadas en menos de un 50%.
La oposición le endilgó que, a cambio, el gobierno de Descalzo gastó más en publicidad en Clarín. «42 mil pesos para que Descalzo publicite la maratón».
Otro contrato que se ajustó para arriba fue el de la recolección: 42%. Es decir por encima de la inflación. 408 millones se los llevó el gasto en personal.
Cambiemos denunció que no contó con todas las herramientas para investigar el Ejercicio. «No sólo que al día de hoy no se nos dio la clave R.A.F.A.M la cual varias veces pedimos, sino que había varios expedientes que faltaban en el archivo», apuntó Julio Díaz.
«Quedó más que claro que las metas en cuanto a infraestructura, seguridad y salud no fueron alcanzadas, por lo cual uno siempre se pregunta: ¿para este gobierno municipal cuáles son sus prioridades?. Para este municipio es más importante gastar dinero en la publicidad de una maratón en diarios nacionales, que comprar una cámara, poner un semáforo o equipar con elementos necesarios a una salita», concluyó el concejal.
«El presupuesto no existe. Lo inflaron para poder cambiar un tercio del mismo. Hubo superávit, pero eso no le mejoró la vida a los vecinos», comentó el socialista Esteban Vallarino. El gobierno se encargó de endilgarle al gobierno nacional que redujo un 8% el presupuesto para obras de infraestructura. Claro que, si uno se guía por la cartelería publicitaria, pareciera que el agua corriente fuera un servicio del municipio y no de AySA.