Caso Odebrecht: piden embargar a Calcaterra, ex socio local en el contrato del Soterramiento

El fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenar un embargo preventivo sobre los bienes de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, por más de $54 millones. Hasta este año era socio origina del consorcio que en 2007 ganó la licitación del Soterramiento.

Iecsa, la ex empresa de Calcaterra hasta hace algunos meses, cuando decidió venderla, era parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht.

La medida cautelar alcanza a las demás firmas integrantes del consorcio (Ghella, Comsa y Odebrecht) como también a 23 personas vinculadas a la millonaria obra, entre ellos Jorge «Corcho» Rodríguez, los ex funcionarios José López y Ricardo Jaime, entre otros.

Asimismo, se solicitó que en la obra del soterramiento se nombre un veedor y el fiscal pidió que «no se detenga la obra».

Los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos procesos licitatorios. En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre diferentes contratos adjudicados a la constructora brasileña, sospechados de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.

Uno de esos expedientes es el que lleva el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Picardi que investiga el Soterramiento del Tren Sarmiento. La obra de 3.000 millones de dólares fue otorgado al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri), Ghella y ComSa SA. En junio por el escándalo de las coimas, la brasileña se fue de la obra.

En tal sentido, la fiscalía avanzó y después de un fallo de la Cámara Federal porteña que instó a evaluar medidas cautelares sobre las empresas vinculadas al soterramiento, requirió al juez Martínez De Giorgi que avance en el embargo de los bienes de 23 personas vinculadas a las empresas del Consorcio y a ex funcionarios.

Para la fiscalía hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio adjudicatario de la obra (Odebrecht, Ghella, IECSA, Comsa) y, en consecuencia, se generaron «modificaciones en el contrato original», detrás de lo que se esconderían los supuestos sobreprecios.

Los sobornos se pagaron –según la fiscalía- a través de la empresa CAESA de Manuel Váquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas Offshore radicadas en el exterior.

Para Picardi quedó corroborado que la firma de Vázquez era «ficticia» con el único fin de generar «facturas por servicios no brindados», señalaron fuentes judiciales.

En ese sentido, COMSA como IECSA SA pagaron unos 600 mil pesos a la empresa CAESA entre 2005 y 2009 por trabajos de «consultoría que se acreditó fueron inexistentes». «Nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del ex funcionario Ricardo Jaime para recibir el pago de coimas”.

Por ello, Picardi pidió que un embargo sobre los integrantes de las cuatro sociedades del consorcio, entre ellos de Ángelo Calcaterra, a quien se le pidió una medida cautelar de $ 54.350.000 ya que es la sumatoria de el embargo personal y los $ 50 millones producto de la venta de acciones de IECSA.

Respecto a las empresas, los embargos fueron pedidos por $ 20 millones para COMSA, $ 60 millones para Ghella y una cifra similar para la brasileña Odebrecht S.A.

La fiscalía pidió además que se designe un veedor para seguir el paso a paso de la obra del soterramiento del tren Sarmiento aunque reclamó que “su progreso, continuidad y productividad en modo alguno puede, de momento, ser obstaculizada por las medidas judiciales en trato”.

Por la empresa COMSA, pidió embargar a Héctor Castro Sirerol; por Odebrecht a Flavio Bento Da Faria (ExCeo), de Rodney Rodríguez de Carvalho, de Diego Luis Pugliesso, de Roberto Rodríguez, de Mauricio Couri Ribeiro, y de Jorge “Corcho” Rodríguez, este último expareja de Susana Giménez y quien actuara de intermediario entre la brasilera y los funcionarios argentinos involucrados. En el caso de Manuel Vázquez, la medida cautelar se pidió sobre toda su familia igual.

Para cada uno de ellos la asuma del embargo solicitado asciende a $ 4.350.000 y alcanza también a Gianvicenzo Coppi, Lorenzo Ghella, Mario Cenciarini, Ricardo Dina, Mario José Blanco, de la firma Ghella; y a Javier Sánchez Caballero, Juan Garrone, y Santiago Altieri, por la firma IECSA.