Confirman que una bala causó la muerte de un militante, durante una toma de tierras de la CTEP en La Matanza

Luego de la denuncia del dirigente Juan Grabois, y de las versiones que indicaban de una muerte a puntazos durante una pelena entre bandos, finalmente el Procurador General de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, confirmó que la muerte de Rodolfo Orellana (36), militante de la CTEP en La Matanza, durante un conflicto de tomas de tierras, fue provocada por una bala que ingresó en su espalda.

El proyectil impactó a la altura del omóplato y salió por la cavidad nasal, con un trayecto ascendente, de acuerdo a la pericia preliminar, antes de la autopsia forense definitiva. En un primer momento, a partir de la verificación de una especialista médica que atendió a Orellana, la herida en el omóplato resultaba compatible con la acción de un elemento punzante. Ese fue el informe que transmitió el jueves, pocos después del hecho, el ministerio de Seguridad bonaerense. Hasta allí, el deceso no tenía la presunción de un ataque de pistola, revolver u otra arma de similares características, aunque el responsable del CTEP, Juan Grabois, atribuía a la Policía el disparo mortal.

Conte Grand aportó este viernes el dato verificable: “La pericia preliminar determina el ingreso de un proyectil de arma de fuego por la zona del omóplato de la espalda y orificio de salida en la zona facial a la altura de la nariz, luego de penetrar el maxilar y la zona dentaria”.

«La primer medida que se tomó fue darle intervención a la fiscalía Federal por las características del episodio. La fiscalía había recibido información que podía haber episodios relacionados con hechos de violencia”, completó el Procurador. El calibre no se puede precisar aún.

Una versión indica que policías con horas adicionales llegaron al predio ubicado entre el Puente 12, el Río Matanza y la avenida Ricchieri, donde transcurría un conflicto violento entre unas 50 familias de nacionalidad boliviana y otro grupo conformado mayoritariamente por ciudadanos paraguayos. El cerco preventivo se organizó con personal sin armas reglamentarias, solo con postas de goma y otros disuasorios.

En determinado momento transcurrió la agresión a Orellana. Existe un espacio sujeto a investigación con la llegada de dos patrulleros de seccionales cercanas. Se intenta determinar si esos efectivos, armados, arribaron durante el enfrentamiento o después. Estaría consignado a nivel oficial que fue con posterioridad a la muerte de Orellana, pero las testimoniales aportarán certeza.

Este viernes habló el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. En conferencia de prensa, el funcionario de María Eugenia Vidal dijo que «si hay un mal proceder policial, serán sancionados». Y que el personal de Asuntos Internos ya está investigando el tema.

«La primera comunicación que nos ingresa a nosotros es por un enfrentamiento donde denuncian que había balas y heridos; recién ahí se ordenó la salida de la policía», dijo el ministro Ritondo quien manifestó que «también hay que investigar el primer llamado al 911».

En la causa interviene el fiscal Jorge Yametti, de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza.

El Jefe de los Fiscales explicó también que el “predio jurisdiccionalmente estaba a cargo de la Justicia federal. Llegamos a este descenso en el marco de una situación de conflicto en el territorio (provincial)”. El predio perteneció en su momento a una mujer de apellido Carballo, quien habría firmado contratos de cesión en beneficio de las familias ocupantes. También intervino el municipio de La Matanza, en la anterior gestión de Fernando Espinoza. Ese lío judicial se tramitó primero en Morón y después en los tribunales de San Martín.

De este complejo proceso judicial, surgió la orden de desalojo que determinaron los episodios de violencia de este jueves. Los peritos deberán determinar a que distancia fue accionada el arma. Si resulta muy próxima comprometería a personas que no integran las fuerzas de seguridad, porque los efectivos estaban dispuestos en el cerco, a varios metros de la víctima. La otra cuestión que deberá verificarse es si el cuerpo fue movido después de recibir el impacto.

La limitación sobre el tipo de arma utilizada es porque el proyectil no quedó en la “cavidad física”. Es decir, no quedó alojada en ningún lugar del recorrido, entre el omóplato y la nariz de Orellana. La fiscalía a cargo ya pidió a Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad el listado de efectivos, incluidos los integrantes de la patrulla, que participaron del operativo. Y quienes portaban las pistolas 9 milímetros reglamentarias.

En la causa interviene el fiscal Jorge Yametti, de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza. Este viernes permanecían detenidos Miriam Calizaya, Hugo Vedia, Wilson Delgado y Alanes Coria. Grabois insistió vía twitter en responsabilizar a la Policía.