Una jueza de Morón condenó a un joven a pagar una multa y a realizar tareas comunitarias por las amenazas a escuelas

Finalmente la Justicia condenó a uno de los jóvenes responsables de la campaña de amenazas a escuelas que sacudió la Provincia el año pasado. Mediante una resolución inédita, una jueza de Morón condenó a un adolescente a pagar $60 mil pesos, además de realizar tareas comunitarias y entregar al Estado una PC y un celular de alta gama. Hubo satisfacción en la Comuna.

La medida apunta a prevenir nuevas intimidaciones y solventar los costos que representaron los operativos anti-explosivos que desplegó el Municipio que superaron el medio millón de pesos.

La decisión fue tomada por la Jueza Graciela Angriman a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº 5, en una causa caratulada “Intimidación pública reiterada en tres oportunidades”. En efecto, la magistrada suspendió el proceso a prueba que recaía sobre el imputado, bajo condición de que abone 60 mil pesos en concepto de perjuicios, realice labores en un club barrial, y otorgue al Estado un teléfono móvil y una laptop importados.

También, deberá ponerse a disposición de las autoridades de los colegios afectados, a fines de realizar cualquier tipo de tarea que le sea solicitada «en función de los hechos perpetrados». De esta manera, si no comete un nuevo delito y cumple con todas las reglas de conducta establecidas, podrá ser beneficiado con la extinción de la acción penal. Caso contrario, será llevado a juicio.

La suma de la multa será destinada al Municipio, que se presentó como particular damnificado a partir de los gastos que implicó la activación de los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes a este tipo de intimidaciones. Es que, ante cada amenaza de bomba efectuada en una escuela, el municipio de Morón coordina el despliegue logístico requerido para acudir al establecimiento.

«El año pasado habíamos decidido demandar por los gastos que se debieron afrontar a los responsables de dichas intimidaciones y es una medida ejemplar para desalentar estas amenazas que perjudican el normal desempeño de las instituciones», aseguró el intendente Ramiro Tagliaferro.

Además completó que «en cada operativo hacemos un esfuerzo logístico muy importante, destinando gran cantidad de personal que podría estar trabajando para los vecinos en otro lugar”.

El joven en cuestión, según trascendió, pertenece a una familia de «clase media de Parque Leloir», que fue detenido en plena campaña de llamadas. Su broma se disparó en colegios de la región, por lo que tendrá que cumplir con varios pedidos, entre ellos los trabajos que le encarguen en una escuela de Merlo.