La Corte Suprema pidió informes al Gobierno sobre el estudio de impacto ambiental en el Aeropuerto de El Palomar

La Corte Suprema cursó al Gobierno nacional un pedido de informe de impacto ambiental sobre el Aeropuerto de El Palomar, para definir si trata el recurso de queja presentado por vecinos de Hurlingham contra el uso comercial de la Brigada Aérea.

Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda se solicitó al Ministerio de Transporte, al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que remitan la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) junto con toda otra documentación respaldatoria, en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

La medida reflotó un conflicto que parecía cerrado hace un año, cuando la Justicia  levantó las limitaciones que tenía el aeropuerto. Eso le permitió a la línea low cost Flybondi impulsar más rutas áreas, al Gobierno ampliar la terminal; e incluso llegó en diciembre una segunda compañía (Jetsmart) que inauguró sus vuelos de cabotaje el mes pasado. En ese acto asistió el propio Mauricio Macri, además del ministro Dietrich.

La discusión de fondo es si con la puesta en marcha del aeropuerto en febrero de 2018, se había cumplido con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El 16 de abril, la Corte cursó un oficio apoyado en “lo establecido por el artículo 32 de la Ley 25.675” para que desde el Ministerio de Dietrich le “informen cuál es el organismo competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental (conforme artículos 11 y subsiguientes de la Ley 25.675) en lo referente a la habilitación de la actividad aerocomercial en el Aeropuerto de El Palomar, sito en el partido de Morón”.

La Cámara Federal de San Martín (cuando confirmó el levantamiento de la medida cautelar que bloqueaba el uso de El Palomar) hizo la distinción técnica de lo que significa el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Sobre el caso, los jueces explicaron que respecto de El Palomar solamente hay dos EsIA, pero no se hizo el Procedimiento EIA, y por ende no existe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), algo que no era un requisito previsto en la habilitación que ya tenía para funcionar.

Remarcaron en aquella ocasión que la base estaba habilitada desde 1968 y que la norma que lo regía era tener los Estudios de Impacto y “no que se llevara adelante una EIA ante la autoridad ambiental”.

La Cámara sostuvo que los demandantes no aportaron informes que desvirtúen los estudios sobre el ruido, el principal problema ambiental que surge de la operatoria de las “Low Cost” como Flybondi.

Para terminar de configurar el escenario de alerta, fue el propio Gobierno el que contestó el 26 de febrero de este año que la Cámara no había remarcado que no existía la DIA como aseguraba la apelación de los demandantes, sino que se requirieron estudios previos y bimestrales para monitorear los efectos del ruido (por incremento de actividad) a una estación aérea que ya contaba con una habilitación. ORSNA y ANAC avalaron esos dos EsIA.

Además, Transporte indicó que “al ORNSA le compete autorizar y emitir -de corresponder- la Declaración de Impacto Ambiental para la realización de obras” en El Palomar, como sucedió con la Etapa I cuando se construyó la terminal de pasajeros. La Justicia le dio la razón a la posición oficial, rechazando escalar el asunto a la Corte. Pero el máximo Tribunal hizo movimientos en dirección a abrir la queja.

A todo esto, esta semana JetSmart iniciará vuelos regulares entre El Palomar y la capital de Tucumán; y comenzarán a operar las rutas Mendoza-Neuquén y Córdoba-Tucumán.