Es Ley el megaproyecto que congela el ajuste a jubilados, grava la compra de dólares y delega el manejo de la deuda

El Senado convirtió en Ley el proyecto de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva» enviado por Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas en el que 33 senadores hicieron uso de la palabra.

Con ayuda de la oposición, que no acompañó pero tampoco obstaculizó la sesión, el megaproyecto suspende la movilidad jubilatoria, salvo para los casos de jubilaciones de privilegio (ex presidentes y jueces), ex funcionarios, judiciales y docentes.

Entre los principales puntos de la ley se crea un impuesto a la adquisición de dólares del 30 por ciento que se aplicará tanto para su atesoramiento como para compras realizadas en el exterior con tarjeta de crédito y débito. Este impuesto regirá por cinco años y comenzará a aplicarse sobre las operaciones hechas una vez que la Ley sea sancionada.

Se eximen del impuesto a los viajes internacionales a países limítrofes: Este tributo no se aplicará para los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas. Ni para proyectos de investigación.

Por otro lado, se faculta al Presidente a realizar las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. El Ejecutivo deberá informar los resultados de esta negociación ante la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación del Congreso.

Además, quedó facultado para iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente por el plazo de meses, y podrá intervenir por un año los entes reguladores de electricidad y gas.

La oposición apuntó sus críticas principalmente contra las facultades que esta ley le otorga al Ejecutivo. «El llamado al diálogo del Presidente me había dado esperanzas. Pero esa esperanza se diluye con este proyecto de ley. Se nubla, se aleja, se entristece. Porque esta ley ignora las instituciones”, apuntó Esteban Bullrich, del PRO, y adelantó que el interbloque opositor votaría en contra en general y acompañaría algún artículo, como el de las PYMeS, en particular.

El gobierno debió hacer concesiones para destrabar la aprobación. Ya en la previa al debate, eliminó el artículo 85 –que le daba amplias facultades al Presidente para reformar organismos del Estado- y durante el debate en Diputados aceptó modificaciones en un punto clave: el incremento de las retenciones al agro.

Si bien logró mantener el incremento del tope para la alícuota de derechos de exportación de la soja al 33%, al 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales, estableció la creación de un Fondo Solidario para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos y fijó “mecanismo de segmentación” que deberán ser informado por el Ejecutivo ante una comisión de legisladores, el Consejo Federal Agropecuario y las organizaciones del sector.