Nuevo Encuentro se presentará como querellante en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal de la AFI de Macri

El Partido Nuevo Encuentro anunció haberse presentado como «querellante» en la causa iniciada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a raíz del presunto espionaje ilegal de la administración del expresidente Mauricio Macri. Esta semana se conoció la existencia de una computadora con correos electrónicos de 87 personas a las que habría investigado el gobierno anterior, entre las que se cuentan una decena de integrantes de la fuerza kirchnerista.

Los dirigentes del partido que habrían sido espiados, desde el 2 de junio de 2016, y que ahora presentaron como querellantes en la causa son: Martín Sabbatella, titular de ACUMAR y líder del N. Encuentro; Adrián Grana, secretario general del Partido y por entonces diputado; Sergio Zurano, miembro de la Mesa Nacional y apoderado del Partido; Sol González de Cap, responsable del Frente Estudiantil; Fernando Torrillate, secretario de Prensa; Cintia Luján, Responsable de Géneros y Disidencias; Guido Pasamonik, responsable del Frente Nacional de Salud; Lara Carvajal, secretaria de Equipos Técnicos y Programáticos y Jefa de Asesores de la diputada Mónica Macha; y Leonardo Sabbatella (Comunicación de Macha).

«El ex presidente Macri lideró una banda mafiosa que, entre otras cosas, espiaba y perseguía a quienes éramos contrarios a sus ideas y a sus propios aliados. Queremos que se llegué hasta el fondo de esto porque se trata de esos ‘sótanos oscuros de la democracia’, a los que se refirió nuestro presidente Alberto Fernández», indicó Sabbatella hoy.

Y agregó: “No podemos permitir que esto vuelva a suceder nunca más en nuestro país. Son prácticas propias de un gobierno que fue de lo peor de la historia Argentina”.

Nuevo Encuentro decidió presentarse en el proceso iniciado por la AFI (que conduce la kirchnerista Cristina Caamaño) bajo el patrocinio letrado de los abogados Martín Haissiner y Sergio Zurano.

El ex titular de la Afsca tuvo varias denuncias en su contra debido a su función en el gobierno de CFK, pero sólo en una llegó a juicio. En marzo fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a doce de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por supuesto «abuso de autoridad» en la aplicación de la Ley de Medios al grupo Clarín en 2014.

Sabbatella podrá seguir ejerciendo su actual cargo debido a que el veredicto del juez federal Ariel Lijo no está firme y fue apelado. El magistrado, además, absolvió a los restantes nueve acusados, todos ellos ex miembros del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en la gestión de Sabbatella.