Buscan activar el juicio oral por el Banco de Hurlingham, que perteneció al poderoso empresario montonero David Graiver

El Ministerio Público Fiscal impulsa el inicio del juicio oral y público de la causa de lesa humanidad «Chavanne-Industrias Grassi», que se encuentra suspendido por las limitaciones de la cuarentena, cuando estaba programado para marzo.

En ese debate están acusados dos civiles: el ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, y el ex miembro de la SIDE y agente para policial Raúl Guglielminetti, quien tiene condenas por crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti.

«Esta es una causa que tiene más de 40 años y con una instrucción que comenzó hace más de ocho años. Estamos tratando de que el juicio comience cuanto antes», señaló el fiscal federal Alejandro Alagia, quien pide audiencias adistancia.

En esta causa, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5, se investigan una serie de hechos que involucran la venta del Banco de Hurlingham, propiedad del empresario David Graiver.

Etchebarne (que en la actualidad tiene más de 80 años), como director de la CNV -un organismo encargado de supervisar a nombre del Estado las operaciones de venta y adquisiciones en el mercado de valores y finanzas- dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino, entonces director del Banco Central.

El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974, y bajo el cargo de «subversión económica» desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir del grupo Chavanne e industrias Grassi.

Luego, grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne.

Además serían detenidos más de 20 personas entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.

Todos fueron conducidos a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados en interrogatorios en los que habría participado Etchebarne, mientras peritos contables de la CNV revisaban los activos de los cautivos y determinaban incautaciones de sus bienes.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien determinó en 2013 los procesamientos de Etchebarne, Guglielminetti, además del coronel (RE) Francisco Obdulio D’Alessandri y el ex comandante de Gendarmería Nacional Víctor Enrique Rei, quienes murieron antes de que la causa se elevara a juicio oral.

Las víctimas estuvieron un mes cautivas en calabozos de Campo de Mayo hasta que fueron «blanqueadas» e incluso algunas permanecieron en prisión hasta 1980, mientras eran despojadas de sus bienes y empresas.

«Esta es una causa en la que se comprueba la existencia de un mecanismo de apropiación de empresas que buscaba concentrar la economía con el despojo del capital. Fue un ataque de la Dictadura contra la burguesía nacional», dice Alagia.

El origen de esta investigación se remonta a 2011, durante la gestión de Alejandro Vanoli en la CNV, cuando el abogado Pedro Biscay encontró actas en el organismo de la época de la dictadura en un CD, donde se daba cuenta de las actuaciones de la entidad en la operatoria del Banco Hurlingham. Se conformó entonces en la CNV un equipo de investigación interdisciplinario formado por Celeste Perosino, Walter Bosisio y Bruno Nápoli, que analizó esta causa y otras de complicidad empresaria con el terrorismo de Estado que se plasmaron en el libro «La Dictadura del Capital Financiero», en cual se documentó la trama bursátil que hubo tras el golpe del Estado del 24 de marzo de 1976.

El platense David Graiver Gitnacht formó un poderoso grupo empresario y financiero; y en 1973 adquirió Papel Prensa.

Durante la dictadura de Alejandro Lanusse, fue subsecretario General del Ministerio de Bienestar Social cuando Francisco Manrique dirigía esa cartera. Años después, se desempeñó como asesor de confianza del ministro de Economía José Ber Gelbard, bajo la presidencia de Cámpra. Algunos medios sostienen que eran socios en varios emprendimientos.

A los 35 años, Graiver era propietario de dos bancos en Argentina (Comercial de La Plata y Hurlingham), dos en Nueva York, el ABT y el CNB (American Bank and Trust y Century National Bank), la BAS en Bruselas (Banque pour l’Amérique du Sud), un banco en Tel Aviv (Swiss-Israel Bank) y decenas de compañías desparramadas por el mundo.

Sus propiedades sumaban unos 200 millones de dólares. Una investigación del Banco Central llevó a Graiver a tener algunas causas judiciales en contra en Argentina, por infracciones y defraudaciones financieras, aunque luego todas esas causas fueron archivadas, gracias a sus contacto con Gelbard.

El Banco de Hurlingham comenzó a funcionar el 17 de abril de 1959 , en Sargento Gómez 1582. Años después se trasladó a un muy moderno edificio en el mismo lugar en el que hoy funciona el Banco de Galicia, en Jauretche y Newbery.