Gatillo fácil: Apartan la fiscal original del caso Lucas Verón y confirman que lo mató el arma del policía que está detenido

La Fiscalía General de La Matanza resolvió este martes apartar a Juan Pablo Tahtagian de la causa que investiga el asesinato del joven Lucas Verón (18) el viernes pasado, en un presunto de caso de gatillo fácil ocurrido en González Catán.

Si bien la solicitud debe ser resuelta por la jueza de Garantías N° 1 , Mary Castillo, la fiscal general Patricia Ochoa decidió hacerlo a un lado de manera preventiva y poner al frente de la causa a los fiscales Claudio Fornaro y Marcos Borghi.

El joven de 18 años fue asesinado en la madrugada del viernes, al recibir un disparo cuando circulaba en moto con un amigo, en medio de una persecución policial. Según fuentes del caso, el patrullero los chocó por detrás e hizo que cayeran del vehículo. Entonces, ambos comenzaron a correr en dirección a la casa de Verón, ubicada a una cuadra y media.

Aparentemente, el policía Benítez, que manejaba el patrullero, bajó y disparó con su arma reglamentaria entre dos y tres veces, y una de las balas impactó contra la víctima.

De acuerdo a los voceros, el joven siguió corriendo, pero a unos 20 metros cayó al piso gravemente herido. En tanto, su amigo le contó lo ocurrido a la familia de la víctima, que lo llevó a un hospital local, donde finalmente murió. Según la autopsia, el disparo ingresó por el tórax y salió por la espalda.

El disparo que mató a Verón salió de la Policía. Así lo confirmó la pericia balística realizada este martes. Se trata de la pistola 9mm del agente bonaerense Ezequiel Benítez, uno de los detenidos y principal sospechoso del crimen.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) anunció que asumió ayer el patrocinio legal de los padres de Lucas Verón, como también de su amigo y testigo del hecho, de 17 años. La presentación judicial se realizó este lunes, mientras familiares y amigos de Lucas marcharon hacia la fiscalía de La Matanza, por primera vez, para reclamar justicia.

Durante la jornada, tanto familiares de la víctima, la CPM, Hijos La Matanza y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, se reunieron con la Fiscal General Patricia Ochoa y reclamaron como primera medida la recusación del fiscal Juan Pablo Tahtagian, por entender que existió «connivencia con el accionar ilegal de la Policía Bonaerense».

En ese sentido, el organismo remarcó que, excusándose en la falta de personal, el fiscal permitió que se tomen las declaraciones testimoniales a testigos del crimen en sede policial «oportunidad en la que compañeros de fuerza de los policías imputados amenazaron al amigo de Lucas para obligarlo a declarar que venían de robar, justificar así la persecución policial y de esa manera desviar la investigación e imponer una versión que dejara impunes a los responsables».

La resolución 1390 de la Procuración General, que prohíbe la intervención de la Policía Bonaerense en diligencias judiciales cuando se investiga a funcionarios y funcionarias de la misma fuerza. «Más grave aún, el traslado a sede policial del testigo principal del crimen, en calidad de sospechoso, privándolo de su libertad, no sólo le brindó a la policía un ámbito de impunidad para realizar las acciones de amedrentamiento del joven para producir una falsa declaración, sino que, además, significó un acto de revictimización de altísimo padecimiento para el amigo de Lucas, víctima también de la persecución que terminó con el fusilamiento de Verón», sostiene el comunicado de la CPM.

Al menor «lo forzaron a declarar sin la presencia de su madre que estaba afuera y, pese a que lo imputaban de un delito, le tomaron declaración sin la presencia de un abogado defensor. El fiscal permanecía allí y avalaba está situación».

En la madrugada del viernes, cuando festejaba su cumpleaños 18, Lucas Nahuel Verón y su amigo fueron en moto a comprar bebidas a un maxikiosco, cuando comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán, que ya había pasado por la vivienda del joven, pero con las luces apagadas del vehículo.

Una situación que posiblemente tenga que ver con el control de la cuarentena, como ocurrió en la desaparición de Facundo Astudillo. En ninguno de los dos casos al CPM se atreve a pedir cabezas al gobernador Axel Kicillof. En ambos casos, claramente la fuerza está encubriendo un crimen. Y por ahora el Ministerio de Seguridad no tiene respuestas.

Según el testigo, el patrulleron impactó por detrás a su moto, provocando la pérdida del control. Los agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ezequiel Benítez y Cintia Duarte «descendieron y dispararon varias veces», dice la CPM. La principal hipótesis sostiene que fue el hombre el que disparó e hirió a Lucas en el tórax con una 9 mm. La autopsia determinó que la bala ingresó por el pecho y salió por la espalda, por lo que no recuperaron el plomo.

Los peritos del Ministerio Público van a analizar y comparar a las dos pistolas 9 milímetros de los acusados, con la misma cantidad de vainas de ese calibre secuestradas en la escena del crimen para determinar quién efectuó los disparos.

Mientras el joven de 18 años agonizaba en el suelo, Benítez y Duarte escaparon del lugar y no notificaron los hechos. Los dos policías están detenidos e imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser funcionarios policiales. Falta avanzar en las imputaciones por encubrimiento del resto del personal policial interviniente.

El secretario de la CPM, Roberto Cipriano García (el mismo que promovía la salida de presos), la directora general Sandra Raggio y el coordinador del área de Justicia y Seguridad Democrática Rodrigo Pomares integraron la comitiva del organismo que acompañó la marcha y, junto con familiares de Lucas, se reunió con la Fiscal Patricia Ochoa.

«Ya se solicitaron informes sobre los GPS de los patrulleros y los llamados al 911, y esos datos después los vamos a cruzar con lo que aporten los testigos, que siguen declarando», explicaron fuentes judiciales, que pidió tiempo para trabajar.

Ezequiel Benítez y Cintia Duarte fueron imputados por el fiscal de la causa, Juan Pablo Tahtagian, del delito de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego».

Ambos se negaron el sábado a declarar en sus respectivas indagatorias ante el instructor judicial, tras lo cual quedaron a disposición de la jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mary Castillo, mientras se resuelve su situación procesal.