Red de jueces advierte que la superpoblación en las comisarías de la Zona Oeste llega al «200%» de detenidos

La Red de Jueces Penales Bonaerenses y la Comisión Provincial por la Memoria advirtieron, en informes por separado, sobre la saturación del sistema carcelario. Según los magistrados, hay una superpoblación «del 200% en comisarías del Conurbano, por encima del cupo permitido en Merlo, Morón, Hurlingham e Ituzaingó.

Uno de los casos más preocupantes es en la Comisaría 1ra de Merlo, donde el cupo previsto es de 21 detenidos pero hay 69, o en la 2da de la misma localidad donde hay lugar para 5 presos pero hay 23, o en la 3ra con lugar para 18 pero en la realidad hay 37.

La misma situación se da en la localidad de Hurlingham donde en la 1ra hay cupo para 6 pero hay 25, en la 2da con lugar para 20 pero hay 34.

También hay superpoblación en Morón donde hay cupo para 37 detenidos en las cuatro comisarías pero hay 116 en total, y algunas dependencias en dicha localidad incluso están clausuradas por orden judicial, informó la agencia NA.

Por su parte, la CPM realizó inspecciones a comisaría 3ª de Quilmes y la 2ª de Virrey del Pino. Ambas están alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «Sin embargo, siguen alojando personas en condiciones que generan riesgo de vida crítico», indicó en su informe.

«Con 5.480 detenidos en 1.199 plazas, se alcanza una sobrepoblación récord de los últimos 15 años. Un primer dato sirve para ilustrar la grave crisis humanitaria que atraviesa a las comisarías bonaerenses: este mes de agosto registró un récord de sobrepoblación y hacinamiento extremo en comisarías de la provincia de Buenos Aires que ascendió al 357 %», destacó.

Frente a este panorama generalizado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de prevención de la Tortura, y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) realizaron de manera conjunta inspecciones a las comisarías 3ª de Quilmes y 2ª de Virrey del Pino. Pese a los pedidos de clausura y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se constató que continúan funcionando en condiciones de extremo hacinamiento y deshumanización.