El bloque de Juntos por el Cambio elaboró un protocolo gastronómico y cuestionó la Ley de Asociaciones Civiles

La diputada provincial de Juntos por el Cambio María Eugenia Brizzi presentó un proyecto para reflotar al sector gastronómico. Y, por otro lado, criticó la Ley de Asociaciones Civiles, que tiene media sanción de Diputados, por los perjuicios colaterales que podría causar.

«El objetivo es resguardar la salud de los trabajadores y usuarios de los locales y dar respuesta al sector gastronómico afectado por las medidas de restricción de su actividad, garantizando pautas de prevención epidemiológica recomendadas a fin de controlar la propagación del virus COVID19», indicó la legisladora. El proyecto de ley alcanzaría a restaurantes, bares, pubs, confiterías, pizzerías y rotiserías.

La aplicación del Protocolo COVID19 para la apertura al público de Establecimientos Gastronómicos comprenderá las siguientes acciones:

• Organización de mesas y clientes garantizando el distanciamiento social de 2 metros entre mesas y pudiendo ocuparse simultáneamente hasta un 50% del máximo habilitado para cada establecimiento.

• Uso obligatorio de tapabocas con cobertura de boca, nariz y mentón por parte del personal del establecimiento.

• Uso obligatorio de tapabocas con cobertura de boca, nariz y mentón por parte de los clientes con exclusión únicamente al momento de ingesta de alimentos o bebidas.

• Obligatoriedad de controlar la temperatura corporal de cada cliente utilizando un termómetro digital infrarrojo e impidiendo el ingreso y permanencia de aquellos que registren temperaturas mayores a 37.5°.

• Implementación de un registro de clientes con nombre y apellido de cada comensal, fecha y horario de reserva y temperatura corporal al momento del ingreso al establecimiento gastronómico.

• Habilitación en todos los establecimientos de la modalidad de reserva previa obligatoria a fin de evitar el hacinamiento de clientes en espera.

• Obligación de garantizar tiempos, materiales y medidas para la correcta desinfección de superficies y objetos de uso frecuente, antes de la apertura, periódicamente durante el horario en el que las instalaciones permanezcan abiertas y al cierre.

• Colocación en espacios visibles de información sobre medidas de distanciamiento social, adecuada higiene de manos, uso de tapabocas obligatorio y recomendaciones ante la presencia de síntomas sospechosos de COVID-19.

• Implementación de un correcto lavado de manos por parte de todo el personal al momento de ingresar al establecimiento, antes y después de manipular alimentos, y posterior a manipular residuos.

• Disposición de alcohol en gel 70 % o solución sanitizante en la entrada del establecimiento, en el área de cocina, sobre el mostrador y sobre cada mesa habilitada.

• Disposición de un máximo de 4 personas por mesa.

• Prohibición de habilitar la zona de juegos infantiles si la hubiera.

• Implementación de menú plastificado de fácil desinfección previa y posterior a su utilización.

• Reemplazo de servilletas de tela por servilletas de papel.

Por otra parte, se mostró muy aguda respecto de los alcances de la Ley de Asociaciones Civiles que el bloque del Frente de Todos milita en distritos, por iniciativa del jefe de bloque, el camporista Facundo Tagnanelli.

«Hay muchos clubes que nos preguntan de qué se trata. El título es muy bueno. No estamos en contra. Todo lo que tenga que ver con ayudar a los clubes de barrio van a contar con nuestro apoyo. El tema es que hay una condonación de papeles que puede ser pedida por cualquier socio, y eso implica un proceso de normalización. Eso es meter al Estado en la asociación. Ese es el fantasma que tienen los clubes porque puede ser mal utilizado», sostuvo Brizzi a la radio Mpquatro.

«Después se nota que no lo trabajaron bien, hasta por desconocimiento: se habla de crear una caja de ahorro, cosa que una asociación no puede. Hemos tratado de salvar estas cosas, pero no hemos tenido respuesta. Tienen una finalidad política. Lo mismo con la inembargabilidad de los inmuebles. Es positivo, pero es renunciable».

Para la legisladora moronense «también hay un registro queda a cargo de Desarrollo Social. Este es el miedo final de los clubes: que el Estado se le lleve el inmueble». «Depende de la mano que caiga puede ser perjudicial – dijo-. En la comunicación que hizo Morón, casualmente, estos puntos no aparecen. Están selectivamente omitidos».