La Provincia lanzó un programa de subsidios para «desalentar» las usurpaciones

El gobierno bonaerense ofrecerá hasta $300 mil a las familias que fueron intimadas a desalojar tierras usurpadas. El decreto 938/2020 fue publicado hoy en el Boletín Oficial, al mismo tiempo que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, pidió a la Justicia aplazar el desalojo en Guernica hasta el lunes.

El plazo para el desalojo era este viernes 30. Y la salida «pacífica» propuesta ahora por la Provincia levantó polvareda, entre intendentes opositores y la izquierda.

El denominado “Programa de Asistencia Crítica y Habitacional” contempla el otorgamiento de los fondos para personas “en extrema vulnerabilidad social” para atender su situación habitacional. Estará a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés “Cuervo” Larroque, quien trabaja «en el límite de los tiempos» para encontrar una salida anti represiva.

Sin embargo, el plan que plantea «desalentar las tomas», en la práctica podría ser un combustible para aquellos sectores desposeídos o que han especulado: Tomar un terreno tendría finalmente un fin económico más inmediato.

El texto indica que los subsidios serán para que los beneficiarios paguen “gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como propósito resolver el problema habitacional existente”.

También para que los destinen a “alimentos, elementos de higiene personal, elementos de prevención, entre otros elementos de primera necesidad”.

Se trata de subsidios por $54 millones en total, que se entregarán por tres meses con la posibilidad de que se prorroguen por un plazo idéntico. Los montos los definirá el ministerio a cargo de Larroque, que determinará la cifra “de acuerdo con la composición de los grupos familiares y al índice de vulnerabilidad que establezca, en base a lo que surja del informe social correspondiente”. Los beneficiarios deberán rendir cuentas de los gastos.

El decreto sostuvo que uno de los fines de la medida será “contribuir a la mejora de la situación socioeconómica de los sectores de la población de alta vulnerabilidad social para mitigar los efectos de la pandemia y pospandemia”.

La resolución destacó que el programa “planifica un abordaje integral, atendiendo las necesidades básicas de alimentación, abrigo, higiene y alojamiento”.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta elevó la discusión a todo el país y le pidió al gobierno de Alberto Fernández que “defienda el derecho a la propiedad privada”. “Es imposible pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de derecho y el imperio de la ley. Y no hay ley más importante que la Constitución”, se explicó.

En el mismo sentido se expidieron intendentes de Tres de Febrero y Vicente López.

Por su parte, la coordinadora nacional del movimiento social Barrios de Pie, Silvia Saravia, explicó que las familias analizan la propuesta del gobierno bonaerense para relocalizar a las familias que siguen asentadas en Guernica.

Señaló en una entrevista con la agencia Télam que las autoridades “reconocen que hay 1450 familias que tienen derecho a un lugar donde vivir”.

«Estamos en el límite de los tiempos, el período de desalojo expira el 30. Nosotros hicimos una propuesta a quienes aún siguen en la toma para lograr una desocupación acordada, voluntaria. Eso lo propusimos el viernes de la semana pasada y aún siguen discutiendo», destacó esta mañana «El Cuervo».

Larroque contó, en declaraciones al Canal TN, que «la toma se dividió en cuatro barrios, y en uno de ellos se votó ayer a favor de acordar con el Gobierno provincial», y consignó que en los otros «se está discutiendo».

«Lo que hemos transmitido es que estamos ya sobre el filo de los plazos. Hicimos todos los esfuerzos, y empieza a actuar la Justicia», indicó el ministro.

Y dijo que «parte de los habitantes tienen motivaciones políticas». De hecho, desde el PTS, una de las organizaciones que apoyan la toma, aseguran que «Larroque presiona para dividir el reclamo y Berni vuelve a amenazar con reprimir».

De ese lado cuestionan el formato de los subsidios: «En el punto II del acta acercada por los funcionarios asegura que “los datos de las personas identificadas en el censo aludido se agregan como Anexo Reservado N° I a la presente”. O sea, una verdadera cláusula secreta, que no permite conocer quiénes serán precisamente los beneficiarios de las propuestas habitacionales».