Tras la solicitada en favor de Boudou, Cristina Kirchner apuntó contra la Corte Suprema por el supuesto «lawfare»

Al cumplirse un año de gestión, la vicepresidenta, Cristina Fernández, publicó otra ruidosa carta pública en la que hace un balance de su labor como presidenta del Senado para dar lugar a un furioso ataque contra la Corte Suprema, a la que apunta directamente por las causas en las que se investigan (procesan o se juzgaron incluso) hechos de corrupción en su gobierno.

A su parecer, el Poder Judicial «no hizo más que confirmar que fue desde allí desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare», publicó, para cuestionar todo el sistema republicano y volver a la idea de elección (ya no selección de) de jueces:

«De los tres poderes del Estado, solo uno no va a elecciones. Solo un Poder es perpetuo. Solo (NdR: no utiliza acentot tácito) un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo», aseguró.

Cristina consideró que el lawfare «se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación», aún cuando las causas más importantes (a excepción de los cuadernos) se activaron antes, con innumerables dilaciones. Pero las dos casos que llegaron a condena y fueron ratificados por la Corte (Once y Ciccone) se investigaron durante (y pese) a la gestión aún en curso de los Kirchner.

«Que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta. Todo lo contrario: somos la fuerza política que en 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la ‘mayoría automática de la Corte’, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas», aclaró la vicepresidenta-

Los voceros del Instituto Patria contra la Corte, el senador nacional Oscar Parrilli y el diputado nacional Leopoldo Moreau, se sumaron a la diatriva oficial.

«Todo esto hay que modificarlo rápidamente. Hay que apelar al mecanismo de ampliación de la Corte y, en paralelo, también apelar al juicio político», afirmó Moreau en diálogo con Radio 10.

Y completó: «Hay que darle la oportunidad a la Argentina de tener un Poder Judicial de otras características, no que acompañe al gobierno de turno, pero que sí acompañe políticas de Estado y que no sea una herramienta de persecución».

Es el dato que faltaba y se coló entre las múltiples crisis que atraviesa el país y de los debates cruzados de este viernes en el Congreso, sobre temas tan disímiles como aborto y ajuste previsional. O el anuncio de la vacuna Sputnik.

La semana pasada, antes de todo esto, una solicitada salió a bancar al ex vicepresidente Boudou, condenado por negocios incompatibles de su función pública. La sacó barata, pero en términos políticos el juicio por Ciccone lo dejó en el barro. Y a su jefa política ante la amenaza de que la justicia, tarde o temprano, la detenga o la obligue a terminar con su carrera política.

Es por eso que gobernadores, intendentes, referentes sociales, pusieron su firma. Ayer, en una conferencia virtual, el intendente de Morón, Lucas Ghi, explicó: «Creemos que el lawfare existe. Es una maniobra que tiene lugar en distintos países y tiene por objetivo de condicionar proyectos populares que cuestionaron la concentración de la riqueza. Eso se verifica en Argentina sino también en otros países de la región».

«Recogió voces de la cultura, de la ciencia, de organizaciones sociales para hacer sentir nuestro criterio, sin que esto implique interferir en procesos judiciales ordinario. Así como condenamos el lawfare no podemos tomar medidas. Queremos que la Justicia intervenga con apego a la ley. El recurso utilizado por la Corte, el 280, habida cuenta del siglo XX1 y la consolidación del estado de derecho me parece que no tiene fundamento. Es un anacronismo a superar», dijo en alusión al artículo 280 del Código Civil y Comercial, que le permite a la Corte rechazar un recurso sin dar ningún argumento.