El Gobierno extendió por dos meses el congelamiento de los alquileres, mientras otro proyecto pide derogar la ley actual

A una semana de que se venza, el Gobierno nacional decidió extender hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos. Una medida que no alivia del todo a los inquilinos, pero que amplía los perjuicios que denuncia el sector inmobiliario, que no sólo pedía darle un corte a la excepcionalidad sino también anular la reciente ley.

El congelamiento (que no evita aplicar los aumentos que establecen de antemano los contratos pero sí permite un pago a cuenta y evita los desalojos por falta de pagos) vencía el próximo 31 de enero. El DNU comprende a inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

La nueva resolución será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana y en ella se establecerá también la extensión de los contratos de locación cuyos vencimientos hayan operado a partir del 20 de marzo (del 2020) en adelante.

De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

La prórroga del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos fue solicitado por distintas asociaciones que nuclean a inquilinos, los que en algunos casos pidieron incluso que la prórroga vaya más allá de los dos meses fijados por el Gobierno en esta oportunidad.

La contraparte, que representa a los dueños de los inmuebles y está conformada por las cámaras inmobiliarias y los colegios de martilleros, explicitaron su desacuerdo con la extensión.

Esta será la tercera oportunidad en la que el Gobierno extiende los plazos del DNU. El primer decreto -320/2020- fue publicado en el Boletín Oficial el 11 de marzo de 2020, antes incluso de que se decretarán las medidas de aislamiento, con vencimiento previsto para el 30 de septiembre.

Antes de que opere el final de ese plazo, a través del decreto 766/2020, el Poder Ejecutivo nuevamente prorrogó el vencimiento, en este caso hasta el 31 de enero.

Están incluidos los inmuebles alquilados por monotributistas, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las MiPyMES, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); y por los por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.

Desde el Consejo Profesional Inmobiliario -en un informe dado a conocer a principios de semana- señalaron que el 90% de los inquilinos que residen en la Ciudad de Buenos Aires abonaron el alquiler en diciembre en tiempo y forma.

En tanto, una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional reflejó que en diciembre, el 40% registra algún tipo de deuda en el pago del alquiler.

Por otra parte, un relevamiento de Zonaprop indicó que con la nueva Ley de Alquileres los precios aumentaron un 62% interanual y la oferta se contrajo.

Por su parte, el titular de la Asociación Platense de Inquilinos, Germán Schierff, advirtió esta semana que «de terminarse el decreto sería un gran proceso de movilidad de los inquilinos a peores condiciones de vida, hacinamiento, incluso la calle para los sectores más vulnerables, porque muchos de los dueños no tienen problema en sacar sus propiedades de alquiler».

Además, los inquilinos exigen la creación de “un órgano de aplicación con poder de policía”, mientras que las cámaras de martilleros piden todo lo contrario. Es más, acusaron al gobierno de ser «la pandemia» para el sector inmobiliario.

Por supuesto, encontraron un rápido espacio político: El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff presentó un proyecto para derogar la ley de alquileres sancionada durante la pandemia, con el argumento de que los valores «aumentaron un 62% en 2020 en la Ciudad de Buenos Aires» desde su sanción. Algo que había sido advertido, aunque no es la única explicación.

Según describió Asseff, «el mercado actual demuestra un incremento exponencial de los valores de alquiler que la inseguridad jurídica y la falta de herramientas para recuperar de forma rápida y sencilla la propiedad».

«Sumado a un sistema complejo de actualización de los costos, lleva a los locadores a cubrirse desde el día uno con un monto más alto de lo que podría costar en una situación ‘normal’, lo que redunda en una falta de oferta de bienes disponibles y su consiguiente aumento en los precios», analizó.

El legislador también adujo que «hoy en día un proceso judicial por desalojo es complejo, engorroso y repleto de problemas de forma que provocan un desgaste innecesario al propietario del inmueble y eso desalienta las inversiones y el alquiler». Esto le valió duras críticas de las asociaciones de inquilinos.

También firmaron el texto los Diputados Pablo Torello; Jorge Enríquez; Virginia Cornejo; Gonzalo del Cerro; Alicia Terada; Lidia Ascarate y Aída Ayala.