La medida rige para viviendas únicas: El Gobierno extendió hasta el 31 de marzo el «congelamiento» de los alquileres

El Gobierno nacional prorrogó la declaración de la Emergencia Pública hasta el 31 de marzo de este año prorrogando por ese lapso la duración de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres, en virtud de la pandemia por el coronavirus.

Así quedó establecido a través del decreto 66/2021, que se publicó este sábado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y sus ministros. La norma beneficia hasta fines de marzo a los inquilinos que se encuentren ocupando una vivienda única.

El texto sostiene que la emergencia sanitaria «con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia de Covid-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país».

Además, se amplía de 6 a 12 el número de cuotas de deudas de locación que los inquilinos tienen para pagar y se promueve una instancia de mediación para resolver los conflictos.

Por otra parte, se estableció la prórroga de la vigencia de los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de marzo de 2021. De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato.

La prórroga es la tercera anunciada desde que salió la medida por primera vez, el 11 de marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia y el gobierno nacional dio inicio a la cuarentena. El decreto indicó que «la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia».

La continuidad del beneficio constituyó un reclamo por parte de sectores como Inquilinos Agrupados, que advirtió sobre una compleja situación para el sector que representa. En cambio, el sector inmobiliario sostiene que este tipo de medidas no hace más que encarecer la oferta, por incumplimiento de los contratos, aún cuando los aumentos firmados se deban pagar tarde o temprano.

«El problema es que ya muchos contratos vencieron y cuando hay que renovarlos los dueños de inmuebles piden más plata por las dudas. Lo mismo con la ley de alquileres», explicaba ayer a U/M un martillero de Morón.