Efecto «VIP»: El fiscal Marijuan denunció a Ginés y piden informes a intendentes sobre los listados de la vacunación

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó este viernes una denuncia penal contra el exministro de Salud de la Nación Ginés González García, el periodista Horacio Verbitsky y los eventuales involucrados en el escándalo de la vacunación contra el coronavirus a funcionarios y allegados del oficialismo.

Asimismo, pidió una serie de medidas de prueba y que las provincias declaren a quiénes están vacunando con la Sputnik V en carácter de «personal esencial». Un pedido que ya había surgido en distintas comunas y que ahora, con el escándalo del vacunatorio «VIP» del ministerio tomó más vuelo.

«Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no sólo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo”, argumenta Marijuan.

Por otra parte, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), abrió un expediente para averiguar lo sucedido.

Este viernes se desató un escándalo político al conocerse que en el Ministerio de Salud de la Nación se montó un «Vacunatorio VIP» mediante el cual un grupo de allegados al ex ministro recibieron la medicación contra el coronavirus en forma secreta.

El propio Verbitsky, uno de los beneficiados, fue quien contó por «El Destape radio» que había llamado a González García para informarse sobre la vacuna, y que fue uno de los secretarios del ex ministro quien gestionó la aplicación.

El periodista explicó que el Ministerio le quedaba más cerca que el Hospital Posadas («creo que queda en Morón, pegado a la Gardel», dijo), aunque por el nosocomio pasaran para inmunizarse desde el canciller Felipe Solá, hasta el Presidente, Alberto Fernández, y el propio Ginés, cuando se lanzó el plan oficial.

Para Marijuan, ese operativo implica “una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.

Por eso, el fiscal pidió que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública en que habrían incurrido” González García y Verbitsky, con la posibilidad de que después se pueda «identificar a otras personas» involucradas.

En la lista de vacunados de forma secreta también figuran el senador oficialista Jorge Taiana; el diputado kirchnerista Eduardo Valdés, y varios empresarios.

En el transcurso de la semana, también fueron focos de crítica los gobiernos municipales de al menos cuatro localidades de la provincia de Buenos Aires y dos de la provincia de Santa Cruz, en las que se vacunaron intendentes y sus familias; empleados públicos, y militantes oficialistas.

En la mayoría de los casos, se desplegaron acusaciones cruzadas entre las autoridades de los hospitales y los referentes de las carteras de Salud provinciales, quienes buscaron desligarse de la supervisión del plan de vacunación.

Otra excusa con la que se justificó el incumplimiento del orden de prioridades fue el «sobrante de dosis». El propio ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que los municipios vacunaron a personas fuera de riesgo para no «tirar la vacuna».

Lo hizo luego de que un concejal de Juntos por el Cambio, Luis Pérez, denunciara, días atrás, que en Henderson -ciudad cabecera del partido de Hipólito Yrigoyen y cuna de Caniggia- se usó un excedente de dosis para inocular a empleados municipales, familiares de funcionarios y militantes del Frente de Todos.

Algo similar ocurrió en Navarro, en donde otro concejal opositor advirtió que fue convocado a vacunarse, luego de que lo hicieran otros concejales del Frente de Todos.

«El intendente (Facundo Diz) explicó que mucho personal de salud se rehusó a vacunarse, que sobraban dosis y que por eso se vacunó gente que no se tenía que vacunar. La justificación es esa», dijo Mateo Natalini (JxC) en TN.

El precedente de denuncias radica en la localidad de San Andrés de Giles, en donde a fines de enero renunciaron dos concejalas del Frente de Todos, tras haber sido acusadas por la oposición de haber recibido la vacuna rusa sin que les correspondiera. Junto a ellas, se vacunaron al menos 20 personas más.

«Fui llamada porque una persona no respondía el llamado del vacunatorio», se excusó Laura Branchini, una de las ediles, en un comunicado oficial. «En ningún modo se trató de un acto de abuso de poder y no obré, bajo ninguna circunstancia, de mala fe», sostuvo la concejal Mariana Cané.

Otros 100 kilómetros más al sur, en Chivilcoy, entre el miércoles y el jueves últimos, se difundieron fotos de jóvenes de 18 años recibiendo la vacuna Sputnik V, a quienes se vinculó con La Cámpora. Mientras que el intendente Guillermo Britos (Conceso Federal), apuntó a la provincia por gestionar los turnos, la responsable de la región sanitaria competente, Carolina Di Nápoli, escribió en Twitter que «la supervisión del cumplimiento de la vacunación al personal del sistema sanitario es responsabilidad del hospital municipal».

Tras el escándalo, ahora todos se permiten dudar. En Morón, por caso, el bloque de JxC ya había presentado un pedido de informes para que el Municipio entregue un listado de los turnos y las vacunas aplicadas en el marco del plan nacional y provincial. Sin embargo, este viernes y tras la renuncia de Ginés González, la concejal del GEN, Sandra Yametti, se sumó a las sospechas: Pidió por sus redes sociales que el intendente Ghi publique el listado.