Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
El experimento que la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, le compró al gremio de Camioneros mostró esta semana uno de los efectos colaterales de aquel acuerdo por el cual, a mediados del año pasado, el Municipio le rescindió el contrato de recolección de residuos a la empresa El Trébol, en procura de un ahorro fiscal. Ahora, los empleados que fueron traspasados a la Cooperativa Gestionar, ligada al gremio y que sólo se encarga de pagarle sueldos (no tiene a cargo el servicio de limpieza) al personal, están de paro desde el miércoles y exigen el cobro de una indemnización. No a la empresa anterior, sino al Municipio, que además tiene a su cargo toda la logística del servicio.
La operatoria no es nueva en esta rama. Ya tiene el antecedente reciente de Avellaneda, donde la misma cooperativa tercerizó la planta de personal de los recolectores, hasta que el año pasado la gestión del intendente Jorge Ferraresi (hoy minsitro de Vivienda de Nación) terminó por municipalizar el servicio.
Lograr esto no es fácil. Hugo y Pablo Moyano se encargan de que el negocio no se apague. Son sueldos muy superiores a los municipales. Por esa misma razón, junto a la ganancia que se llevan las empresas, es que intendentes quieren, pero casi nunca logran, volver a municipalizar el servicio en el AMBA.
En Moreno, como Avellaneda, lo lograron a costo de acordar con Camioneros. La oposición no estaba de acuerdo con tercerizar el personal, como tampoco con indemnizar a trabajadores que tenían garantizada la continuidad laboral. Hay versiones de que algunos la cobraron, pero otro no.
«Teníamos la promesa de que el 15 pagan. Pero hay cero pesos en cuenta», se quejó un delegado de Moreno, en una nota subida por el propio gremio en su cuenta de Twitter «Infocamioneros», donde también se puede ver un reportaje a Pablo Moyano, en el que explica a medias la mecánica que se utiliza.
Los intendentes terminaron pagando. Pasó lo mismo en Capital Federal. El gremio lo intentó en el sector privado. Sin embargo, luego de que Walmart denunciara que Camioneros venía tomando una serie de medidas de fuerza encubiertas que estaban afectando el abastecimiento de productos esenciales, por el tema indemnizaciones, el Gobierno ordenó la conciliación obligatoria.
