Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
Mientras que padres autoconvocados se expresaron contra la suspensión de las clases presenciales y llamaron a plantarse en la puerta de las escuelas el lunes, intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio buscaron una vía legal.
Jorge Macri, de Vicente López, presentó un amparo para que las clases sigan en su municipio. Gustavo Posse, en San Isidro, declaró como servicio esencial la educación. El resto de los intendentes enrolados en el PRO pidieron un encuentro con el gobernador Axel Kicillof para rever esa decisión.
Las reacciones suceden en Capital Federal y el AMBA. Hugo excepciones a la regla: En Castelli, el intendente también ordenó suspender las clases. Mientras que la escuela Esseri de Gonnet notificó a los padres que las puertas estarán abiertas el lunes y que presentará un amparo para seguir la presencialidad.
Mientras tanto, un grupo de legisladores acompañados de padres de escuelas públicas y privadas de la ciudad de La Plata, presentaron este sábado un recurso de amparo judicial para garantizar el dictado de clases presenciales.
La presentación procura dejar sin efecto las medida del gobierno nacional, que tiene la adhesión del Ejecutivo provincial, del cierre de escuelas por 15 días. La administración de Axel Kicillof fue el primer distrito en adherir a la determinación del presidente Alberto Fernández, mediante el decreto 181/2021.
El amparo lleva la firma de los diputados bonaerenses Daniel Lipovetzky, Diego Rovella y Emiliano Balbín (JxC). Consideran al accionar del gobierno nacional como «irresponsable» y «contraria al Derecho Humano a la Educación «.
“La experiencia del 2020 nos demostró que la virtualidad no es suficiente, ni satisfactoria. La falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, niñas y adolescentes, sumado a que, no hay datos científicos ni epidemiológicos que justifiquen la no presencialidad”, insistieron los legisaldores.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el encargado de iniciar la vía judicial para intentar frenar la decisión de la Casa Rosada. La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema es competente para intervenir en el amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires para que habilite la continuidad de las clases presenciales en el distrito.
Al igual que en la Provincia, los tiempos de resolución no evitarán el cumplimiento de la medida oficial, en su primer tramo por lo menos. En el fondo, el miedo es que se repita la cursada de 2020. En los últimos días se reunieron miles y miles de firmas, en la calle como a través de petitorios diritales.
«Hoy por la tarde estuvimos presentes acompañando el reclamo de vecinos para que los establecimientos educativos no cierren», contó el jefe de bloque de concejales de JxC en Ituzaingó, Gabriel Pozzuto: «Somos conscientes del momento que atraviesa el país, pero también sabemos que la potencialidad de contagio dentro de un aula es ínfima comparado con otros entornos y mayor es el perjuicio si las niñas y los niños no asisten a clases».
«Con los protocolos indicados, que de hecho, costó mucho implementar, estamos convencidos y ha quedado demostrado que el riesgo es muy bajo -agregó-. Esto no es una cuestión de política, ya que los mismos Ministros de Salud y Educación Nacional sostenían lo mismo, incluso la mayoría de los gobernadores oficialistas de otras provincias las mantendrán abiertas.
Es sentido común. Sigamos cuidándonos, pero sin perjudicar a los mas chicos».
Otro argumento en favor de las clases es el movimiento que persiste en las calles. El Gobierno no quiere matar de nuevo la economía y alcanzó apenas a frenar la nocturnidad. Los municipios oficialistas se jactan de que el toque de queda se cumpla, mientras permiten ferias numerosas en las plazas, a pedido de una comunidad que sufre la crisis económica. Todo no se puede y, al final, entre tanto anuncio e incoherencia política, los que pagan son los chicos.
