Fallo firme: La Justicia obligó al Municipio de Morón a renovarle el registro a un hombre que se negó a pagar una multa

La Cámara de Apelaciones de San Martín desestimó la apelación presentada por el Municipio de Morón en una causa en la que la Justicia en lo Contencioso Administrativo había dictaminado en primera instancia que no le podían negar la renovación del registro de conducir a una persona por el sólo hecho de tener una multa de tránsito impaga por $40 mil. El fallo, que es inédito, confirma una nueva jurisprudencia en el mundo de la Justicia de Faltas.

«No habiendo la comuna recurrente atacado los fundamentos expuestos por el tribunal de grado y resultando extemporáneos los argumentos presentados en la pieza recursiva, es que el rechazo al recurso se impone», dictaminó la Cámara de Apelaciones Contencioso y Administrativo 2 de San Martín.

Así, convalidó la decisión del tribunal que hecho lugar, en un fallo que puede llegar a sentar un precedente importante, al amparo que presentó el infractor luego de que se le exigiera, como es usual en todas las jurisdicciones, saldar los pagos para poder extender la validez de su licencia.

Según consideraron los jueces de primera instancia, Alejandro Rodríguez Rey y Cristian Toto, esa exigencia es inconstitucional porque viola el derecho de defensa.

En la cámara, los magistrados Jorge Augusto Sauluquín y Ana María Bezzi no se expidieron sobre esa cuestión de fondo, pero opinaron respecto a este caso en particular y determinaron que el veredicto inicial se ajusta a derecho.

Así, se cayó el recurso que la Comuna de Morón y la Fiscalía de Estado habían presentado para que quedara sin efecto el fallo original.

​»Es importante aclarar que no son multas, sino actas de infracción mediante las que acusan a mi cliente de ser un infractor», sostuvo Walter Juara, abogado del vecino, a Primer Plano Online, en línea con la idea de que al cobrarle las multas, no le estarían dando el derecho a defenderse de esa imputación.

​»El sistema de libre deuda para poder concretar el trámite (de renovación del registro) coacciona para que el interesado realice el pago voluntario, que no es otra cosa que reconocerse como infractor para poder obtener la licencia», amplió el representante legal.

La situación comenzó el 23 de marzo cuando Pablo Augusto Barril, quien se desempeña además como empleado del Municipio, fue a tramitar el registro y se encontró con el requerimiento de saldar sus deudas por infracciones, que suman unos $40.000, pero en lugar de pagar decidió acudir a la justicia ordinaria.

«Entendemos que se trata de una situación arbitraria, abusiva, en donde se extorsiona a los ciudadanos para que paguen algo que, en principio, no puede ser exigido porque no son multas, son infracciones», precisó en ese momento Juara, tras presentar el reclamo judicial en representación del automovilista.

Finalmente, el tribunal integrado por los jueces Cristian Adrián Toto y Alejandro Rodriguez Rey falló a favor de Barril a finales de abril, y le ordenó al Municipio «continuar con el trámite de renovación de la licencia» del vecino «absteniéndose de exigirle el pago en concepto de multas de tránsito».

Por entonces, el abogado aclaró que al igual que ahora «el régimen de tránsito sigue vigente y el fallo únicamente se aplica al ciudadano que lo peticionó». Es una realidad, sin embargo, que podría llegar a sentar un precedente y un cambio en los procedimientos. Mucho dependerá, también, del resultado de la apelación.

Antes de la sentencia, el Tribunal había llamado a dos audiencias, a las que no acudieron ni el Municipio ni la Fiscalía de Estado, el organismo que defiende los intereses del Estado ante la ley en lo contencioso y administrativo). Así, se venció el plazo y los jueces debieron responder la demanda.

Luego de que se diera a conocer el fallo, tanto el Municipio como la Fiscalía de Estado apelaron la decisión. El caso pasará al fuero Contencioso Administrativo de San Martín, y por el momento, el amparo para el vecino que acudió a este recurso sigue vigente.

Ante la consulta de Clarín, fuentes del Municipio afirmaron que en ese momento que la apelación del fallo respondía a que «el libre deuda depende de Nación», y aclararon que «la licencia (del vecino demandante) está prorrogada y puede circular», lo cual no implicaría la interrupción de sus derechos.

Pero el argumento no convenció a los jueces de Cámara. Por otro lado, uno de los magistrados que firmó la primera sentencia había hecho declaraciones públicas para fundamentar la decisión.

«Nosotros no justificamos ni damos licencia para que se cometan infracciones», explicó Rodríguez Rey en diálogo con el periodista Adrián Noriega.

El magistrado argumentó: «Cuando el ciudadano concurre al turno que le asignan, ahí toma conocimiento de que tiene infracciones en su contra, cuando el Estado, a través de Apremios o de los jueces de faltas tendría que haber hecho el trámite que corresponde».

Y ejemplificó: «Si un señor no paga no tiene la renovación. Se lo encontró culpable antes que cualquier debido proceso justo y legal».

Rodríguez Rey también mencionó una reflexión en la que fundamentó su fallo: «Los Municipios afirman que lo hacen para que se respeten las normas. Pero pensaba en voz alta: yo tengo una multa, no tengo plata para pagarla y no puedo acceder a mi registro», explicó.

«En cambio, fulanito de tal anda a 200 kilómetros por hora y tiene 20 multas, pero como tiene plata las paga y accede al registro. No me parece correcto ni que esté bien eso», concluyó el juez.

Fuente: Primer Plano y Clarín