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Tener banca en la Justicia conlleva ciertos privilegios, incluso para damnificar a una familia que quiere abrir una panadería en Hurlingham y no puede, gracias una medida perimetral que pesa sobre el establecimiento. El recurso fue presentado por el abogado Lucas Marisi, el mismo que denunció y operó en contra del funcionamiento del Aeropuerto de El Palomar.
La situación comenzó el 29 de marzo, días antes de la inauguración de la despensa ubicada en Río Colorado 1806, cuando el abogado interpuso una acción judicial contra de la familia propietaria del comercio, intimándolos a “cesar inmediatamente y abstenerse de realizar cualquier tipo de acto que tenga por finalidad instalar o poner en funcionamiento un local comercial”.
El recurso también fue dirigido a Claudia Ibaceta, una de las dueñas: “La desestimamos y el 3 de abril abrimos la panadería. Nosotros no entendimos por qué nos llegó eso – contó-. Nos costó mucho esfuerzo abrirla: préstamos, créditos, endeudamiento. Debemos $500 mil y tenemos que trabajar. Es un microemprendimiento familiar y presentamos todos los papeles, como corresponde”.
«Debemos $500 mil y tenemos que trabajar«
Panadera damnificada
El 25 de marzo pasado los dueños del comercio peticionaron ser habilitados. El requerimiento fue firmado por la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de Hurlingham. “Nos explicaron que el local puede estar abierto durante seis meses hasta que se expida el municipio. A nosotros todo el tiempo nos viene a visitar un inspector. Imaginate que si hubiese alguna situación irregular ya estaríamos clausurados”.
Marisi está preparado para dar pelea en los medios. Consiguió que un portal pulicara, sin firma, que los dueños del local amenazan a la gente del barrio. Todo lo contrario de lo que se comenta en el barrio y trascendió a la prensa: Que Marisi se cree el capo del barrio. No porque tenga banca política en el municipio, sino por la pantalla que recibió durante los años que funcionó el cercano aeropuerto de El Palomar, hasta que La Campora, ya en el poder y en plena pandemia, aprovechó para cerrarlo. El caso llegó a la prensa nacional hoy, lo que derivó en una especie de careo en plena vía pública.
“Vivo en Parque Johnston hace 38 años. Y hace tres meses en este inmueble intentaron poner una carpintería ilegal, que fue clausurada por el municipio. Y esta panadería también es ilegal porque viola la ley provincial de panaderías. Me refiero a la 13.006. No puede haber una panadería en un radio de 300 metros en donde ya hay otras dos. Ante esta situación es que hice las denuncias», condenó hoy el abogado a TN. También Telefé se hizo presente.
El letrado hizo referencia al artículo 6 de la mencionada ley, la cual establece que “los municipios, por ordenanza, podrán fijar límites al número de habilitaciones a otorgar con fundamento a la relación habitante-comercio, la salubridad y el impacto socio-económico que se produzca”.
«Eso no quedó ahí», denunciaron las damnificadas. «Después nos denunció como propagadores de la pandemia. Nosotros somos esenciales, acá no se elabora pan, sólo despachamos. Y trabajamos en el horario que nos corresponde. No hacemos ruido, no molestamos a los vecinos. Él es un denunciador serial. Y está 24 horas filmándonos. Presenta fotos y aporta todo lo que hacemos y dejamos de hacer”, enfatizó Ibaceta a las cámara de TV.
“Los volví a denunciar porque este comercio, además de esta situación de ilegalidad, no cumplió desde el inicio con las restricciones que impuso el gobierno nacional en abril. Seguían funcionando de manera ilegal. Y utilizo mis cámaras de seguridad porque son la prueba de que venden productos alimenticios que trasladan en vehículos sin ningún tipo de control ni habilitación. No usan barbijos y lo hacen en baúles de autos particulares”, dijo Marisi.
Los vecinos del barrio apoyaron a los dueños de la panadería, que tuvieron que salir a protestar para poder trabajar, después de haber realizado una inversión en plena pandemia. “No es un barrio cerrado, tengo todo autorizado y con los permisos que me pide el municipio. Ante tanta insistencia mi marido fue a tocarle el timbre. Él respondió que sabía todo los movimientos que hacíamos mi hija y yo. ¿Qué hizo? Lo denunció por amenazarlo con un arma. No tenemos armas. Vino la Policía, revisó el local y nuestro vehículo, jamás nos negamos. Después fue mi hija a hablarle. Y también la denunció a ella. Entonces nos puso a los tres una restricción perimetral. Esto implica que no podemos acercarnos a su casa a menos de 300 metros. E impide que abramos el local», sostuvo ofuscada la dueña de la panadería.
“El local lo está atendiendo mi yerno y mi otro hijo. Vivimos a cuatro cuadras y no podemos ir a abrir nuestro negocio. Él sigue insistiendo para que cerremos. Pusimos una máquina de café y me denunció. Es todo una consecuencia de acciones para que cerremos la panadería”, continuó Ibaceta.
El último sábado, un grupo de vecinos se acercó hasta la panadería para apoyar a Claudia y su familia. “Hicimos una movida bajo el lema ‘si no te gusta andate vos’. Pegamos un cartel y vinieron efectivos policiales a pedirnos que lo saquemos porque lo estábamos provocando. Tuvimos que poner una abogada, nos seguimos endeudando y perdiendo tiempo de trabajo”, contó Ibaceta. Marisi contraatacó fiel a su estilo: “Incitan a la violencia en las redes sociales. La única víctima de esta situación soy yo”.
