Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
Agrupaciones de izquierda, familiares y amigos de Lucas Verón marcharon este sábado en La Matanza, tras cumplirse un año de su asesinato. Por el caso de gatillo hay una pareja de policías bonaerenses detenidos. El joven acababa de cumplir 18 e iba a comprar bebidas a un kiosco cuando fue detenido por los uniformados, en tiempos donde todavía había cuarentena en AMBA.
Una nutrida movilización partió desde Federico Russo y ruta 3, en Villa Escaso, hasta la casa donde vivía Lucas y criaba sus caballos. La columna la encabezó Cristian, su papá, a caballo, seguido por una tropilla con jinetes y sulquis.
El pedido de Justicia fue acompañado por agrupaciones políticas, sociales, sindicales y de DDHH tales como CTA, Suteba (PBA y Matanza), la Comisión provincial por la memoria, HIJOS La Matanza, MST, PC, Red de trabajadorxs precarizadxs.
«Nos destruyeron la vida. La vida que llevamos hoy es de lucha, de levantarnos todos los días y ver cómo continuamos”, contó Cristian durante el acto. “Ese día estaba tan contento, era algo que ansiaba. Él contaba los días para cumplir 18 años, para ser mayor”, recuerda su mamá, Graciela Aguilar.
En la madrugada del 10 de julio del 2020, Lucas y cuatro amigos pasaban el rato en el living de su casa. Alrededor de la 1:30 AM, junto a Gonzalo salieron en moto a comprar más gaseosas a un quiosco del barrio Villa Scasso.
En el recorrido se cruzaron con un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán. «Sin dar la voz de alto, con las luces y sirenas del patrullero apagadas (sic CPM), los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a perseguirlos y dispararles». En la esquina de Achegas y Llerena, la camioneta los embistió por detrás, los jóvenes cayeron al suelo e intentaron alejarse corriendo. Ezequiel Benítez disparó al menos dos veces, una bala le atravesó el pecho de Lucas y lo mató.
Los policías Benítez y Cintia Duarte huyeron del lugar sin dar aviso de los hechos.
La causa fue elevada a juicio en septiembre y está a la espera del sorteo del tribunal. Los dos agentes fueron desafectados de la fuerza y detenidos, imputados como coautores del homicidio agravado y en «tentativa» de un amigo.
“Cuando pasó lo de Lucas salió todo el barrio, vinieron todos los vecinos mientras nosotros estábamos en el hospital, ya se encargaron de ir a ver, de encontrar las vainas. Los vecinos fueron los que nos ayudaron muchísimo en todo, en todo momento, en todo momento. Ahora todo el barrio se movilizó por Lucas, todo el barrio. No puedo decir nada. Tengo sólo palabras de agradecimiento porque ninguno nos dejó”, valora Graciela este sábado
“La valentía por parte de la familia, en esos momentos tan dolorosos, la muerte de un hijo, en medio de ese dolor, de esa vorágine, poder frenar, poder pensar y accionar, ir a buscar las cámaras, plantarse, salir a recorrer, el acompañamiento del barrio, eso fue fundamental. Eso es lo que marca si va a haber impunidad o si no va a haber impunidad”, dijo Alejo de H.I.J.O.S. La Matanza.
Entre los testigos trasladados a la dependencia policial estaba Gonzalo, el amigo de Lucas y sobreviviente del ataque policial: trasladado por engaño, fue detenido en un calabozo en calidad de sospechoso, lo amenazaron para que se autoincrimine y, aunque era menor, lo forzaron a declarar sin un abogado.
Ante las notorias irregularidades, mientras los compañeros y superiores de fuerza de los policías Benítez y Duarte intentaban encubrir el delito, el referente de H.I.J.O.S. La Matanza se comunicó con la CPM que, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, comenzó a intervenir en esa misma madrugada; reclamando, en primer lugar, que se aplique la Resolución 1390 y se aparte a la Policía de la Provincia de Buenos Aires de la investigación.
Actualmente, por estos hechos hay tres causas en la justicia. El expediente central, que investiga el homicidio de Lucas y el intento de homicidio de Gonzalo y tiene imputados a Benítez y Duarte. Tras la recusación de Tahtagian por las graves violaciones a los derechos garantías procesales cometidos esa madrugada, la investigación quedó a cargo de los fiscales Fornaro y Borghi de la fiscalía temática de homicidios de La Matanza. Además de la CPM, que patrocina a la familia de Lucas, la CTA de los trabajadores – La Matanza se presentó como particular damnificado y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre lo hizo como amicus curiae.
Vinculada al expediente central, hay una segunda causa con trámite en la Ayudantía Fiscal de gravedad institucional de La Matanza que investiga a funcionarios policiales de la comisaría de González Catán por adulterar pruebas e intentar desviar la investigación. El comisario y segundo jefe departamental Diego Ocampos, el subcomisario Daniel Quinteros y la oficial subayudante María Gisele Genez están procesados por los delitos de amenazas coactivas, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica y falso testimonio.
La tercera de las causas investiga la actuación del fiscal Juan Pablo Tahtagian; además de las irregularidades en el expediente central y motivo de su recusación, se investiga si por acción u omisión la participación de Tahtagian posibilitó las conductas delictivas de los funcionarios policiales durante las primeras horas de la investigación. Recientemente, el fiscal general de San Martín Marcelo Lapargo ordenó el desarchivo de la causa, que había sido dictado por la fiscal de delitos complejos Andrea Andoniades.
“La expectativa que tenemos es que se siga investigando y condene a los que hicieron esto con Lucas, tanto los autores materiales como los intelectuales, porque detrás de todo esto hay una estructura armada que fortalece o que banca esta clase de policías, para que se manejen de la manera que se maneja en los barrios, no sólo acá, sino en un montón de barrios del conurbano de la provincia de Buenos Aires”, comentó Cristian Verón.
Por supuesto, las únicas organizaciones que responsabilizaron políticamente al gobierno fueron las de izquierda. «Las fuerzas policiales fueron empoderadas durante la cuarentena por el gobierno de Alberto Fernández y en la provincia por Kiciloff y Berni. Más aún en La Matanza, donde Fernando Espinoza expone orgulloso la cantidad de nuevos gendarmes, policías, patrullas y balas que consiguió para el municipio», dijeron.
Según la CPM, durante el año pasado hubo más de 400.000 detenciones en la provincia, de las cuales menos del 10% llegó a encontrarse con un fiscal. El resto fue liberado, ya que se trataba de detenciones arbitrarias e inconstitucionales. Los casos de tortura apremios ilegales y gatillo fácil se multiplicaron. Todavía falta resolver el caso de Facundo Astudillo Castro en Bahìa.
Fuente: CPM, Izquierda Diario
