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La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al Gobierno bonaerense empezar a vacunar a las personas detenidas que por su edad o factores de riesgo deberían ser prioridad dentro del sistema carcelario y las comisarías. Son, en principio, unos 1500 reclusos. La medida se tomó a partir de un amparo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, que advirtió que el Estado no tuvo «ningún plan de vacunación» para quienes están en situación de detención en PBA.
El planteo reconoce también que las personas privadas de su libertad no se encuentran en condiciones asistir a los centros de vacunación, ni tampoco fueron asistidos por vacunatorios ambulantes o postas dentro del propio sistema.
En línea con los argumentos de la CPM, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata coincidió en que las personas detenidas “pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial, tanto al momento de inscribirse al mismo, como de concurrir –al serle asignado su turno- a las postas de vacunación”.
«Esperamos que en estos 5 días puedan organizar el plan de vacunación. Presentamos el recurso después de varias notas. No fueron vacunadas ninguna de las personas detenidas, a diferencia del resto extramuros, que fue paulatino. Esas prioridades no se cumplieron adentro de las cárceles. Ni hay postas de vacunación ni tampoco se los saca (a vacunar). Muchos se inscribieron y le llegaron los turnos, pero no pueden ir. Hubo algunas reacciones, como que no son prioridad. No planteamos eso. Sino que tengan los mismos derechos. El primer amparo fue rechazado y Casación nos dio la razón», explicó esta mañana Sandra Raggio, directora de la CPM a Mpquatro radio.
