Activistas de las organizaciones Hurlingham Siempre Verde y Movimiento Ambientalista de Hurlingham realizaron un abrazo simbólico en los márgenes del Arroyo Morón, adonde la Provincia avanza hacia la realización de un puente vehicular que pueda unir la avenida Combate de Pavón con la Ruta 4. La obra se encuentra intervenida por un amparo judicial, a raíz de un recurso presentado por estos vecinos. El acto se hizo en el día de la Primavera, y luego de una movilización a favor del proyecto vial.
Lo definieron como «un pedacito del paisaje natural donde muchxs hurlinghuenses crecieron y disfrutaron del verde de nuestra Cuenca del Reconquista y del Arroyo Morón». «La contracara, inadvertencia del arroyo como espacio público, oculto e invisibilizado del suelo urbano antropizado. Nuestrxs hijes no deben olvidar su existencia y su función ambiental. Los mayores aún recuerdan la inundación del 85′. Esta es una de las principales motivaciones para proteger este espacio natural y los que quedan en Hurlingham».
«Para devolvernos la oportunidad de disfrutar y conectar con el patrimonio natural. Es necesario crear una nueva narrativa que integre los recursos vivos a las lógicas del desarrollo urbano y como elemento significativo de calidad de vida. Despertemos!», comunicaron desde MAH en sus redes sociales.
Antes, en una conferencia, se volvieron a preguntar «por qué, si todo está bien, no cumplieron con los pasos que indica la ley, como la de convocar a una audiencia pública». El domingo, vecinos volcados hacia el oficialismo los acusaron de «impedir el progreso» que puede traer para el Barrio Jorge Newbery.
La obra se encuentra paralizada desde principios de mes por una medida de la Justicia en lo Contencioso Administrativa de San Martín, que pidió los papeles tanto a la Provincia como al Municipio de Tres F, donde el mes pasado se produjeron algunos incidentes y varias detenciones, producto de un acampe realizado por el Movimiento Ambiental Hurlingham y «Siempre Verde».
El contrataque comenzó el viernes, con una protesta en la casa de una de las activistas protagonistas de la resistencia. “Queremos la obra”, dijeron los lugareños para defender la iniciativa que lleva adelante la Provincia, el domingo.
La gente se concentró a doscientos metros del Arroyo, sobre Combate de Pavón, y desde allí se dirigió hasta la propia ribera, para apoyar los trabajos.
En stand by
Las tareas están paralizadas desde inicios de septiembre, cuando la Justicia hizo lugar a la medida «precautelar» a través del fallo del juez Maximiliano Ceballos, que subrogaba el Tribunal Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín.
El magistrado emplazó a la Subsecretaría de Fiscalización y Evaluación Ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tres de Febrero -jurisdicción donde tienen lugar la mayor cantidad de los trabajos- remitan la información y la documentación que la Justicia requiere para su observación y análisis, como las actas de las reuniones informativas y audiencias públicas que se hayan realizado y, en el caso del distrito, el Código de Ordenamiento Urbano y la Ordenanza de Ocupación de Suelo.
La obra prevé la vinculación de Combate de Pavón, cuyo primer tramo fue inaugurado en 2018, más allá del Boulevard O´Brien, donde finaliza actualmente la calzada pavimentada. Y desde allí su enlace con la Ruta 4.
Desde julio último, un grupo de vecinos se manifestó contra la obra. Acompañados por militantes ambientalistas decidieron, en agosto, realizar un acampe en la traza de los trabajos que, sostienen, afectan el humedal del arroyo y deterioran el entorno urbano. La situación se tensó y se denunciaron agresiones por parte de los empleados de la empresa, afiliados de UOCRA, que pretendían continuar con su trabajo, hacia este grupo de vecinos.
Dos de las manifestantes, Villamarín y Natalia Gallegos, fueron detenidas el 28 de agosto y liberadas esa misma jornada, pero con una causa por «resistencia a la autoridad» en su contra. Ahora, son ellos quienes se sienten hostigados tanto por el gobierno, como por las movilizaciones y las cámaras de TV.