Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
La Defensoría del Pueblo asegura que, tras los primeros días del operativo de control del programa Precios Máximos, «el 70,1% de los comercios cumple con el acuerdo, al presentar entre un 67 y 100% de los productos dentro de los valores definidos entre el gobierno nacional y los empresarios del sector».
Estos datos presentados por el organismo que conduce Guido Lorenzino corresponden al monitoreo iniciado el 22 de octubre, en 204 comercios -entre los que figuran hipermercados, supermercados de barrio y supermercados chinos- de 43 ciudades, sobre una muestra de los 1.432 productos que entran dentro de este programa para la Provincia.
Se trata de un informe que se publicará semanalmente, informó también la Defensoría. Esta mañana, Jorge Tassara, director General, habló por Mpquatro Radio Online desde un supermercado ubicado en Hurlingham y explicó que en caso de encontrar observaciones se derivan a la Secretaría de Comercio, que es la que puede llegar a entablar sanciones o clausuras por transgredir el programa impuesto por el titular de esa cartera, Roberto Feletti.
Al observar el comportamiento de los precios, «el 70,1% de los establecimientos cumplió con lo estipulado por el programa», indicó la Defensoría.
«El 19,6% presentó entre el 34 y 66% de los productos en precio, y el 10,3% de los mismos, entre 0 y 33%. Los productos con mayor cumplimiento fueron la harina de trigo, el pan rallado, la barra de cereales, la manteca, el queso rallado, y los bastones de merluza, entre otros», reza el informe de hoy.
«El stock fue otro de los elementos analizados. Del relevamiento de la Defensoría se desprende que el 32,4% de los comercios cumplió con este punto, al presentar entre 67 y 100% de existencia de productos del programa. El 58,3% de los locales lo hizo entre un 34 y 66%, y un 9,3% de los mismos entre el 0 y 33%.
En este caso, los productos con mayor stock fueron el jugo en polvo de naranja, el bizcochuelo de chocolate, la leche ultra descremada, el café instantáneo, la sal fina, y los fideos, entre otros».
Junto al monitoreo, la Defensoría abrió canales de reclamo para los consumidores. Por estas vías -ya sea telefónicamente, por WhatsApp o redes sociales-, el organismo llevó adelante 890 asesoramientos y recibió 14 denuncias.
“Encontramos que muchos comercios todavía se encuentran ajustando precios, señalética y stock, pero hay buena voluntad para corregir esta situación. Esperamos que estos números sigan mejorando, lo que mostraría que el esfuerzo del gobierno y los empresarios para cuidar el bolsillo de la ciudadanía tuvo resultados positivos”, indicó Lorenzino.
El monitoreo que la Defensoría lleva adelante en distintas ciudades con sus delegaciones ya fue realizado en Bahía Blanca, Chacabuco, Mar del Plata, La Plata, Junín, Lomas de Zamora, Balcarce, Maipú, Dolores, Ituzaingó, Mercedes, Olavarría, Arrecifes, Cañuelas, Mar Chiquita, Necochea, Tres de Febrero, Azul, Chivilcoy, Florencio Varela, Lincoln, Pergamino, Quilmes, Bolívar, Merlo, Miramar, Roque Perez, Saladillo, San Pedro, Zárate, Almirante Brown, Berazategui, Malvinas Argentinas, Pigüé, San Nicolás, Tandil, Bragado, Coronel Suárez, Luján, Morón, Navarro, San Isidro y Monte hermoso.
Al margen de estos controles, la Defensoría no tiene competencia para realizar clausuras. No es un organismo de defensa del consumir, sino una suerte de contralor del Estado, de empresas de servicio y resguarda los DDHH.
El Defensor del Pueblo es un órgano de garantía incluido en la Carta Magna de la Provincia de Buenos Aires a partir de la reforma de 1994, mediante su artículo 55. Lorenzino tiene mandato hasta enero del 2022. Puede ser reelecto, pero necesita acuerdo de la Legislatura, que suele ubicar allí a un opositor.
Según el Art. 55: «El Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la provincia o sus empresas concesionarias. Tendrá plena autonomía funcional y política. Durará cinco años en el cargo pudiendo ser designado por un segundo período. Será nombrado y removido por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Una ley especial regulará su organización y funcionamiento.
Entre sus competencias se incluyen tanto las acciones preventivas como las reparadoras. Entre las primeras, tiene la atribución de investigar, criticar, opinar y recibir denuncias, requiriendo para todo esto la colaboración de los órganos del poder político. En lo concerniente a las segundas, puede hacer uso de su legitimación procesal para demandar ante organismos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus facultades, aunque su rol primordial es el de colaborador crítico y no de litigante, pues la Defensoría tiende, precisamente, a evitar los costos y las dilaciones que suponen los procesos judiciales.
El Defensor del Pueblo busca, en todos los casos, agilizar, transparentar y desburocratizar los trámites».
