Este lunes finalizó la audiencia pública que organizó el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para debatir la obra de la avenida Combate de Pavón, que fue paralizada a la altura del Arroyo Morón, en el límite entre los municipios de Hurlingham y Tres de Febrero, por un amparo judicial, a raíz de las denuncias de ambientalistas de Zona Oeste.
Según se explicó el término del encuentro virtual, hubo 270 inscriptos, con 120 expositores, entre funcionares, representantes de la constructora Triviño, dirigentes ambientalistas, vecinos y militantes del oficialismo de Hurlingham.
El encuentro fue transmitido por Youtube (ver link más abajo) entre jueves y lunes, presidido por el director provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Luis Mario Couyoupetrou; y coordinado por Claudia Spirito, del OPDS.
Cuando promediaba la audiencia, organizaciones ecologistas como COEPSA y el Movimiento Ambientalista de Hurlingham (MAH) denunciaban con resignación que «la ilegalidad e inoperancia de los actores involucrados en el proyecto quedó evidenciado», entre otras cosas, por el Estudio de Impacto Ambiental sobre el Arroyo Morón, que «tiene párrafos completos idénticos a otros estudios realizados para otras obras, además de imágenes y mapas«.
De esta forma mostraron ejemplos «que dan cuenta que no se realizó ningún tipo relevamiento de flora ni de fauna en la zona» y «se ignora la presencia de especies tales como la mariposa zafiro o el benteveo cuello rayado».
Por un lado, las organizaciones exigieron que el Informe Ambiental se declare nulo y que se vuelva a realizar a cargo de Universidades e Instituciones autónomas, ya que «el O.P.D.S ha fallado en su tarea de fiscalizar la ejecución de la política ambiental en el territorio».
Pero también admiten que la audiencia fue «una formalidad» para cumplir con la Justicia, para continuar con una obra que «está muy avanzada» y dejó a vecinos del Barrio Jorge Newbery enojados por la paralización y molestias ocasionadas.
Para COPESA, el debate virtual no sólo «fue extemporáneo», sino que «viola la ley de audiencias públicas», como así también proyecto viola «la ley del Comirec», porque no fueron consultados los consejos que cuidan la salud de la cuenca del Río Reconquista, uno de los más contaminados del Conurbano Bonaerense.
Por supuesto, también hubo voces a favor. Algunos se expresaron a favor del «progreso», o de las fuentes de trabajo de la empresa constructora. Ahora, queda que el OPDS haga su informe y la Justicia indique cómo sigue la historia.
En octubre, el juez Luciano Enrici, que subroga el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, había considerado que la Provincia no cumplió con todos los requisitos legales correspondientes al cambio de uso de suelo.