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El dilema de las reelecciones indefinidas para legisladores, intendentes y concejales bonaerenses comienza a tornarse picante, a medida que se acerca un año clave para sostener o borrar la reforma aprobada en el año 2016. Internas políticas, un juez que toma partido y un gobierno que aún no decide cuál es el norte, entre la democracia de la alternancia y el rol de los aparatos.
Ayer se conoció que el juez en Contencioso y Administrativo de San Martín Aníbal Ocampo dictó un segundo fallo a favor de un concejal del partido de Malvinas Argentinas, en el que directamente suspendió la aplicación de la ley limita las reelecciones a dos períodos consecutivos (que en el caso de los funcionarios que sostienen el mismo cargo desde 2015, deben concluir en el 2023).
A principio de mes, el mismo magistrado, titular del Juzgado N° 1 de ese Departamento Judicial, había dictado una medida cautelar a favor de Andrea Pavón, concejala del Frente de Todos de Malvinas Argentinas. Y esta semana hizo lo propio con Carlos Ramón Herrera, presidente del Concejo Deliberante del mismo municipio e integrante del bloque “Peronismo Independiente”, que se presentó en el mismo expediente para reclamar por su situación.
A todo esto, el primer fallo fue apelado por la Fiscalía de Estado de la Provincia, atento a que «la decisión judicial no resulta ajustada a derecho, carece de fundamentación válida y adecuada, y genera perjuicio grave e irreparable a mi representada”.
En el escrito, el organismo solicitó que la Cámara en lo Contencioso Administrativo revoque el fallo de Ocampo, que debe resolver sobre el fondo de la cuestión y que es la inconstitucionalidad de la norma.
“No sólo ha adelantado su postura en relación a los elementos de causa, legitimidad y validez constitucional de las normas impugnadas (aspectos cuyo análisis desborda indudablemente el acotado marco de conocimiento cautelar) sino que ha transformado una tutela provisoria por su propia esencia, en una protección definitiva”, afirmó la Fiscalía de Estado y recordó que la “Corte Suprema de Justicia de la Nación considera improcedentes las medidas cautelares que coinciden con el fondo del proceso”.
Los intendentes y concejales que buscan la reelección eterna, quieren hacer pesar, como mínimo, el concepto de derecho adquirido. Y considerar a la elección del 2019 como primer mandato. Pero no se trata del Código Penal, sino de una mera reglamentación que no impidió las reelecciones en el 2019, y abrió una ventana para la del 2023: Si hay pedido de licencia de al menos dos años en el medio, intendentes y concejales pueden presentarse de nuevo.
Por eso hay una veintena de intendentes en la Provincia que dejaron sus cargos para tomar otro tipo de responsabilidades. El último caso es el del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, quien dejó a su hermana a cargo del Ejecutivo para presidir el Grupo BAPRO. Y eso que está a favor de la ley. Lo mismo que Jorge Macri, de Vicente López, ahora ministro del Gobierno porteño.
Las internas, traiciones y dilemas quedaron expuestas en ambos lados de la grieta. Juntos se manifestó en contra de cambiar la ley; y ni a La Cámpora ni al Frente Renovador les conviene, ni quieren hacerlo. Pero la negociación está abierta y están presentados los proyectos que van contra la reforma de 2016.
El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, es el encargado de congeniar las demandas de los intendentes peronistas, que se quedaron sin un fondo especial para sus municipios y quieren entonces una suerte de resarcimiento.
Por su parte, dirigentes y legisladores del Pro de la provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado reiterando su rechazo a la derogación de la ley que limita las reelecciones. Sin embargo, en la misiva no aparecen los diputados y senadores que responden a los intendentes del partido amarillo.
“Este año, a través del voto, todos los argentinos han sido claros y contundentes: quieren cambiar y están hartos de los ‘atajos’ políticos y de las normas solo se cumplen cuando conviene”, comenzó la misiva titulada «no rotundo a las reelecciones indefinidas».
Y siguió: “Por eso nos comprometemos a no votar nada que directa o indirectamente permita que los intendentes que asumieron en 2015 y reeligieron en 2019 puedan volver a presentarse”
Según afirmaron, “la ley 14.836 que puso fin a las reelecciones indefinidas es un punto de inflexión que garantiza que nadie se adueñe del poder y que nunca más haya ‘barones’ ni en el conurbano ni en ningún otro lugar del interior”.
“Además no podemos permitir que una ley, que ya se aplicó, ahora se quiera modificar, imponiendo privilegios de algunos sobre otros ya dentro del mismo sistema político. A todo eso la gente le dijo basta”.
De esta manera, concluyeron que “por el compromiso asumido y la calidad democrática”, los firmantes van a “seguir defendiendo la renovación, que más jóvenes ingresen a la política y que cada vez haya más incentivos para participar de la democracia donde se respetan y cumplan las reglas”
El comunicado está firmado por los diputados nacionales María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo; los senadores bonaerenses Walter Lanaro y Owen Fernández y los diputados bonaerenses Alex Campbell, Daniel Lipovetsky, Johanna Panebianco, Santiago Passaglia, Anastasia Peralta Ramos, Matías Ranzini, Sergio Siciliano, Noelia Ruiz y Juan Carrara.
Entre los firmantes no figuran legisladores que responden a los intendentes del Pro. Se sabe que los mandatarios del Frente de Todos son los que impulsan una reforma a la ley, sancionada durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
