Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
Trabajadores despedidos de la empresa Garbarino protestan este lunes con un corte de tránsito parcial en el Puente Pueyrredón de Avellaneda, en reclamo del pago de salarios e indemnizaciones adeudadas, entre otras demandas.
Los manifestantes se convocaron desde las 9.30 en la subida de la avenida Mitre y la bajada para la avenida Belgrano del puente que une con CABA, por lo que el tránsito en la zona registraba algunas demoras parea los conductores.
«Estamos una vez más en la protesta en reclamo por los sueldos e indemnizaciones adeudadas por parte del dueño de la firma Garbarino, Carlos Rosales», dijo el vocero de Trabajadores de Garbarino en Lucha, Luis Rodríguez.
La protesta fue organizada por algunos «autoconvocados» y organizaciones de izquierda. «Los locales de zona oeste fueron todos cerrados y vaciados. Todos los locales del país están cerrados a excepción de cinco, que están abiertos (capital y zona norte) porque la empresa esta operando por la web también», explicó a UnMedio la ex delegada del SEOCA Érica Salazar, ahora desvinculada.
Hoy manifestaciones similares «se van a replicar en diversas provincias», contó Rodríguez, a Télam: «Somos más de 4.000 empleados en todo el país que desde abril del 2021 no percibimos sueldos, no tenemos obra social ni ART».
«El sindicato de Comercio dirigido por Armando Cavalieri y el Gobierno nos han abandonado», se lamentó el vocero. «Por parte del Ministerio de Trabajo ya no hay solución. Se le aplicó la multa a la empresa. Cavalieri brilla por su ausencia desde el día uno. Todavía deben 9 meses de salarios e indemnizaciones. Entendemos que solo resta judicializar para en algún momento poder cobrar algo de todo esto. La impunidad con la q se manejo y se maneja Carlos Rosales la verdad es increíble», amplió Salazar, esta mañana.
Convenio
Tanto trabajadores como sindicatos, como el SEOCA, que mantienen cierta autonomía política de su Federación, apuntaron contra Armando Cavalieri por la llegada de Rosales a la cadena, en plena pandemia. Sin embargo, en diciembre pasado, el Ministerio de Trabajo de la Nación y la FAECyS firmaron un acuerdo para proteger a 1800 trabajadores despedidos de Garbarino.
Se trata de «un marco de cooperación para la implementación de acciones integradas en materia de empleo», según explicaron desde la cartera laboral, tras la firma del convenio entre el ministro Claudio Moroni y Cavalieri.
Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y podrá ser renovado a su vencimiento, previa evaluación de los resultados obtenidos. Promueve la inserción laboral de los trabajadores desvinculados de la empresa en 2020 y 2021.
Permitirá que las 1800 personas despedidas en ese período cuenten con el apoyo del Programa de Inserción Laboral cuando ingresen en una firma del sector privado. El programa permite cubrir parte de sus salarios en esos empleos.
El 28 de diciembre (Día de los inocentes) el juez que lleva adelante el concurso de la cadena recibió el pedido por escrito del dueño, Carlos Maximiliano Humberto Rosales para salir del país viajar a República Dominicana. Unos días antes se aprobaba la convocatoria de acreedores de Garbarino,
Cuando Rosales se hizo cargo del holding, la facturación de Garbarino había estallado más de 900% y la empresa había recuperado el crédito bancario. Y además prometía inyectar $2000 millones, a la vez que firmó contratos de auspicios con Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro y la Asociación del Fútbol Argentino para reposicionar la marca. Pero nunca les pagó.
Para mediados del año pasado, Garbarino estaba virtualmente paralizada, con persianas bajas e imposibilitada de seguir vendiendo por falta de mercadería. Entonces Rosales intentó reconvertir la empresa en una tienda virtual.
En noviembre, llegaron 1800 telegramas de despido. Y a los pocos días, el concurso.
Otro sinsabor para Rosales, que en octubre, también, recibió un revés de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). El organismo le ordenó a Prof que no emitiera nuevas pólizas, por haberse excedido de sus límites de riesgo de cobertura. Un mes antes, la Superintendencia había decidido la inhibición de sus bienes para que no hubiera cambios en la composición de sus activos.
