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Este 26 de enero, en el Día de la Educación ambiental, el Estado salió a recordar la importancia del cuidado del planeta y algunas exiguas prácticas que se realizan en los municipios, como la recolección diferenciada, que aún está muy verde. Sin embargo, ayer el Gobierno dejó afuera del llamado a sesiones extraordinarias a la Ley de Humedales, con lo cual, una vez más, perdió estado parlamentario. Las organizaciones venían exigiendo que se debata.
César Massi, de la Red nacional de humedales, resumió en «Radio 2» esta desazón por la no incorporación del tema a la sesiones extraordinarias al Congreso: «Esta ley venía en debate desde la mitad de 2020 y todo 2021. Teníamos un poco más de esperanza porque hubo un trabajo más intenso y con el contexto de dos años de quema interrumpida, ahora estamos en el tercero».
«Si bien la ley no es algo mágico que va a salir y solucionar el problema que tenemos hoy, porque el Delta es un territorio que está abandonado con la ley y sin la ley, al menos una norma obligaría a los funcionarios a ponerse a trabajar, destinar recursos, hacer inventarios y ordenar territorio. Ahí puede cambiar la cosa», dijo.
“¿Cuándo van a entender que, si no protegemos las fuentes de agua, la vida así como la conocemos tiene sus días contados?”, se pregunta Silvia Rojas, de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado, que viene batallando nada menos que contra los avances del magnate Joe Lewis en el Cerro Perito Moreno, en Río Negro.
“En nuestra región, los mallines de altura –una suerte de esponja natural- son los humedales que tenemos que proteger a como dé lugar, porque allí se almacena el agua durante las lluvias y nevadas del invierno, que luego va drenando hacia los ríos y arroyos, y alimenta también las napas de agua, con las que nos abastecemos durante la sequía de verano. Con el cambio climático, cada vez más notorio, las lluvias y nevadas son más escasas y los veranos más secos. Necesitamos de esos mallines para vivir”, remarca la mujer.
“Si no tenemos una herramienta legal como la Ley de Humedales, para poder proteger a los mallines, nuestra tarea va a ser cada vez más difícil, porque para muchos son sólo tierras anegadas que hay que rellenar para poder venderlas, pero para nosotros son fuente de vida y las vamos a seguir defendiendo de la especulación inmobiliaria, como lo venimos haciendo hasta ahora, claro que si tuviéramos una Ley que nos respaldara, todo sería más fácil”.
“Yo vivo en un humedal y todos los días percibo el nivel de destrucción”, dice Daniel Bracamonte, del Movimiento De Raíz, desde el Delta del Tigre. Cuenta que “en este momento estamos marchando a tratar de frenar un barrio privado con 50 casas, donde han bajado una retroexcavadora que pesa toneladas para hacer canalización y movimiento de tierras en el medio de un humedal prístino, en la primera sección de Tigre, a metros del continente. No es algo oculto, es una zona visible”.
La caída de la Ley de Humedales no lo sorprende. “No avanza porque afecta los negocios del gobierno. Esta teoría de reiniciar la economía para ir hacia una economía verde es una falacia absoluta. ¿Cómo se puede hacer sin ley de humedales? Dicen que van a duplicar los alimentos para exportación. Entonces van a ir sobre bosques y humedales, no hay otra frontera para lo agropecuario. La Ley de Humedales implica que eso no está permitido. El otro negocio que los gobiernos quieren mantener vivo es el del desarrollo inmobiliario de alta gama, que es el que genera dinero a los desarrolladores y tasa de impuesto a los municipios. La clase media alta quiere vivir sobre la cuenca de los ríos, como en Tigre y Escobar. Estas tierras están más cotizadas que nunca. Por eso la Ley de Humedales no puede existir. Porque impediría que estos grupos inmobiliarios sigan”, sostiene. Y advierte que “si sale va a ser tan lavada que no va a tener ninguna implicancia en la vida de los espacios naturales, como la Ley de Bosques”.
La pérdida de estado parlamentario para este proyecto, por tercera vez tras los intentos de 2013 y 2016, se da en un marco de emergencia ígnea declarado por el Ministerio de Ambiente, conducido por Juan Cabandié, y pese a que la iniciativa había sido prometida por el Frente de Todos durante la campaña electoral.
“Pese a que es un reclamo que ya lleva más de 10 años, el Congreso Nacional sigue desoyendo este reclamo ciudadano. No ha prosperado básicamente por la falta de interés y de compromiso político de muchos de nuestros representantes y por la falta de impulso del Poder Ejecutivo. Parece que las autoridades, a distintos niveles, escuchan más la presión del lobby extractivista que se oponen a la ley –las actividades agroindustriales, mineras, de desarrollo inmobiliario a gran escala- que al reclamo de la ciudadanía”, cuestiona la abogada ambientalista Ana Di Pangracio, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Así, lamenta, “seguimos sin tener una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental que permita conservar y usar responsablemente los humedales en el país, que hoy atraviesan severos procesos de destrucción y degradación”. Di Pangracio apunta que “no contar con esta ley atenta contra ecosistemas que son grandes reservorios de agua dulce, que son esenciales para la vida en el planeta, y eso incluye a la vida humana. Son filtros depuradores, amortiguan el impacto de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema. Son grandes aliados para hacer frente a la crisis climática. Y hay un componente humano asociado a los humedales, se encuentran unidos a diversas culturas y tradiciones, eso también hay que protegerlo”. Eso también quedó desprotegido.
