Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
La campaña de «control de daños» en materia de adicciones que el municipio de Morón lanzó hace meses pero que se viralizó polémicamente luego de que la Dirección de Juventudes publicara en redes sociales cómo se reducía esto a la entrega de panfletos que aconsejaban sobre el consumo en el festival La Minga del domingo último, generó un cimbronazo impensado que cruzó rápidamente las fronteras del distrito y del país.
El Municipio le puso el cuerpo a una política que considera acertada y que, incluso, tenía cierto encuadre legal a través de una ordenanza votada por unanimidad en el HCD, mientras que en Juntos se encargaron de llevar el asunto a la Justicia, para que investigue si se trata de un programa sanitario que, en todo caso, fue muy mal comunicado, o es sólo es una banalización del consumo ligado a la búsqueda del voto joven.
Tanto el intendente, Lucas Ghi; como su secretario de Salud, Martín Latorraca (ex Hospital Posadas), se encargaron a dar la pelea en los medios. Ambos explicaron que trabajaron sobre «el paradigma vinculado a control de riesgos y de daños en consumos problemáticos”. Y que la ordenanza habilita a implementar esa campaña en «eventos de concurrencia masiva para llevar adelante estrategias concientización con elementos de juicio o información para quienes deciden consumir distintas sustancias, legales o no legales”.
El jefe comunal remarcó la necesidad de ofrecer una alternativa al paradigma punitivista al afirmar que el mismo “no ha dado resultado”. “La gente tras una cierta pena de encarcelamiento no deja de consumir”, aseguró.
“Lo que no se puede es negar esta realidad. No se puede mirar para otro lado y perseguir sin generar un abordaje integral, sancionatorio, con acompañamiento y escucha, que permita saber saber por qué se está consumiendo y generar alternativas sin la estigmatización y la persecución penal”. “Venimos recorriendo ese camino hace más de 30 años y las pruebas de que no ha funcionado son elocuentes”, subrayó.
“Nosotros lo que decimos, sin alentar ningún tipo de consumo de ningún tipo de sustancia, es que si más allá de nuestra posición hay alguien que va a consumir, que sepa cómo hacerlo para procurar que tenga los menos efectos posibles”, explicó. Consultado por otros medios, negó estar de acuerdo con la despenalización. El que no la pasó nada bien fue su secretario de Salud. En el canal de La Nación le preguntaron a qué público apuntaba con los panfletos. Y entre idas y vueltas llegó a decir que «muchos vecinos de Morón se drogan» y que, en base a su conocimiento, también el público que concurre a los festivales.
Por supuesto, en la TVP fueron más benévolos y hubo debates a favor de la reducción de daños, sin analizar el material en cuestión y su contexto: Una jornada donde se invitaba a los chicos a participar del un festival Otaku y buscar cómics. Aunque de eso hubo muy poco, por cierto. Jamás hubiera tenido tanto alcance.
A la Justicia
Desde el bloque de concejales de Juntos, en tanto, salieron a rechazar el resultado del programa que avalaron en una ordenanza y que empezaron a viralizar por la mañana. Y fueron a la Justicia por distinta vías.
Por lo pronto, la bancada de Juntos en Morón presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal N°2 de Morón. «Con los pibes NO. Hay que alejarlos de las drogas, no incentivarlos a ir de a poquito y despacio», advirtieron.
Pero ayer hubo por lo menos otras dos presentaciones en el mismo sentido. Una fue formulada por el abogado Fernando Sarabozo y la otra por el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff. Ambas apuntan contra el jefe comunal y funcionarios de la Dirección de Juventudes, que difundieron aquellos panfletos.
“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos que se repartían a los asistentes que pasaban por su carpa, el domingo. en el polideportivo Gorki Grana de Castelar.
La Polémica también llegó al Obispado de Morón, donde Monseñor Jorge Vázquez criticó la campaña de Reducción de Daños por «ambigua». «No creo que ninguna campaña de prevención de adicciones pueda llevarse adelante sin señalar con absoluta claridad el efecto devastador que tiene para los jóvenes y su familia», indicó en un comunicado difundo este martes por las cuentas oficiales de la Diócesis de Morón.
Según sostiene Sarabozo en el escrito presentado ante el Juzgado Federal 1° a cargo del juez Martín Ramos, “los funcionarios públicos no deben incentivar este tipo de conductas nocivas para la salud, ni naturalizarlas, todo lo contrario, su accionar debe estar dirigido a que se eviten. Es sugestiva esta recomendación a personas que transitan el camino de las drogas y de alguna forma son esclavos de estas adicciones”.
“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos
“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos
La conducta del intendente Ghi como la de los funcionarios municipales encuadraría en los términos del art. 28 de la Ley 23.737 que reza: “El que públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido con prisión de 2 a 8 años…”, sostiene la denuncia penal.
“Independientemente de la responsabilidad penal que le cabe a quienes diseñaron y ordenaron la distribución de estos volantes, no puede desestimarse la que le cabe a los funcionarios jerárquicos que pasivamente lo toleraron y tuvieron los resortes para impedir esta situación y omitieron ejercer los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a su cargo”, añadió Sarabozo.
Por tal motivo, añade la denuncia, resultaría aplicable también la figura prevista en el art. 23 de dicha ley que reza: “Sera reprimido …. el funcionario público dependiente de la autoridad sanitaria con responsabilidad funcional sobre el control de comercialización de estupefacientes, que no ejecutare los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a su cargo u omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia de aquellos le impartieren sus superiores jerárquicos …”.
Por su parte, el diputado nacional de JxC aseguró que “cuando el Estado fomenta el delito es un Estado delincuencial” y recordó que los hechos podrían constituir los delitos previstos y reprimidos también en el artículo 12, inc. a) de la mencionada ley, como así también el artículo 209 del Código Penal.
En su denuncia, Wolff resalta que en distintos medios los funcionarios de la municipalidad de Morón reconocieron la autoría de la campana y no se arrepintieron de su contenido ni de la forma en que se publicitó el consumo de sustancias prohibidas por la ley.
“La campaña del intendente Ghi no tiene el propósito de prevenir el consumo de estupefacientes, sino de difundir públicamente su uso. Esa conducta se encuentra expresamente prohibida en el artículo 12″, sostuvo el diputado y recordó que “será reprimido con prosión de 2 a 6 años… el que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere otro a consumirlo”.
Asimismo, el legislador recordó que el artículo 209 de CP castiga a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado…”.
