Un medio en Morón Portal de Noticias de la Zona Oeste, Gran Buenos Aires
Decididos a buscar la interpelación del intendente, Lucas Ghi, por los polémicos panfletos referidos a las adicciones que se repartieron en el último festival La Minga, los bloques de Juntos en Morón y la UCR se presentaron este martes pasado el mediodía en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, pero se quedaron sesión. A pesar del pedido realizado la semana pasada, el presidente del cuerpo, el massista Marcelo González, no hizo la correspondiente convocatoria, tal como ocurrió con otra extraordinaria de seguridad.
«Hicimos la solicitud el martes pasado. El presidente tenía 72 horas para convocar y no lo hizo», explicó el presidente del bloque de Juntos, Francisco Mones Ruiz. «La Ley Orgánica de las Municipalidades no es taxativa acerca de las fechas en que debe realizarse una sesión extraordinaria solicitada. Se está consensuando fecha tentativa», explicaron en el oficialismo.
La oposición llegaba con el antecede de los 13 votos reunidos en la sesión ordinaria del jueves pasado para aprobar el pedido de interpelación, que en ese momento no alcanzaron porque el expediente se había presentado «sobre tablas», por lo que necesitaba de una mayoría calificada (2/3) para iniciar su tratamiento.
Es el segundo intento de interpelación que no logran hacer prosperar. En enero -después de que un que custodia la casa del intendente fue abordado por dos motochorros, uno de los cuales murió- los opositores habían solicitado una sesión extraordinaria para aprobar la concurrencia del jefe comunal al recinto.
Pero la convocatoria tampoco se hizo. «No nos vamos quedar de brazos cruzados», prometen ahora en la oposición.
Los concejales de Juntos ratificaron una denuncia en la Fiscalía Federal N°2 de Morón por los panfletos de la subsecretaría de Juventudes. Se acusa de «apología de las drogas». Los folletos aconsejaba que «si vas a consumir», «andá de a poco y despacio» . «Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo” con la cocaína.
El gobierno local recibió varios apoyos de Nación y Provincia, pero todos coinciden en que el mensaje y el marco no era el más indicado para intentar hacer un «control de daños» sobre una población que ya tiene adicciones.
Esto se sumó a las críticas por la asistencia legal que el municipio ofrece a las personas que hayan sido detenidas. El colmo fue la denuncia del periodista Eduardo Feinmann, sobre un empleado municipal que cobra su sueldo aún estando en prisión.
