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El Frente de Todos mandó hoy al archivo tres pedidos de interpelación al intendente, Lucas Ghi, y varios pedidos de informes en una sesión extraordinaria en la que reunió proyectos sensibles de los bloques de la oposición, como si supiera que dos concejales del universo Cambiemos se iban a ausentar de nuevo, lo que le posibilitó igualar fuerzas y desempatar a su favor, tal como pasó (con los mismo protagonistas: Cristian Herrera y Alejandra Liquitay) con la elección de presidente del Concejo Deliberante en diciembre de 2019.
La jornada fue maratónica, con un ida y vuelta permanente de denuncias cruzas sobre temas como la seguridad, el estado de las escuelas y las adicciones. Con las cartas justas (11-11), el oficialismo fue volteando uno a uno los expedientes de Juntos por el Cambio. Y hasta logró emitir dos enérgicos repudios contra funcionarios macristas: Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, por prohibir a los maestros de los niveles primario e inicial el uso del «lenguaje inclusivo»; el consejero escolar del PRO Gonzalo Del Huerto, a quien suspendieron por 90 días después de que se filtrara un audio en el que le pedía a padres del Colegio Chacabuco que documentaran la venta o consumo de estupefacientes en ese establecimiento.
El oficialismo, en definitiva, esperó el momento adecuado para convertir en goleada lo que era un molesto debate en el recinto. La convocatoria fue diseñada por la Presidencia del HCD, a cargo del massista Marcelo González. Con el orden del día Nº 1, se trató la primera citación al intendente que firmó el bloque de Juntos, por los hechos policiales que se viven en el distrito, solicitada en enero de este año luego de que un policía que custodiaba la cuadra donde vive Lucas Ghi disparara y ultimara a un ladrón en El Palomar.
«Se dijo que el intendente no tenía custodia. Y hace pocos días (en la Rendición de Cuentas) vimos el expediente firmado por el secretario de Seguridad, por un gasto de $5 millones para cuidar la casa del intendente. Queremos que explique por qué hay un vaciamiento de esa secretaría», sostuvo Leandro Ugartemendía.
El ex funcionario macrista tardó nada en ir al hueso contra la administración Ghi: «Van por el camino contrario. Quieren a los delincuentes afuera y a los vecinos encerrados. Esta gestión hasta tiene una dirección para atender a las personas detenidas. Para defender delincuentes», condenó en su primera incursión.
Por supuesto, el Frente de Todos se negó a acompañar esta solicitud por su «oportunismo político». «Si hay algo que caracterizó a esta gestión, es que no hizo falta que mediara ningún tipo de proyecto para que los funcionarios vinieran al Concejo», respondió Oscar Conde. Y acusó a la anterior gestión, de Ramiro Tagliaferro, de «sub-ejecutar partidas» y de dejar «alarmas vecinales sin inventario y en estado de abandono».
Con sólo 11 de los 13 concejales que votaron por la interpelación, sobre tablas, en una sesión ordinaria el mes pasado (entonces, necesitaban 17 votos para que ingrese en el orden del día), el oficialismo los igualó en número y desempató a favor del pase al archivo con el voto doble de la Presidencia. El resto del partido estaba cantado. Pero aún así siguieron debatiendo por más de 6 horas, por el canal Youtube del HCD.
En la bandada de Juntos advirtieron las «ausencias», pero aceptaron las «reglas de juego» con resignación y valor.
Así también pasó al archivo un pedido de interpelación por el caso del ex agente municipal Jonathan Misael Huviller, quien cobró su sueldo por lo menos hasta abril, pese a que estaba preso desde el 29 de septiembre del año pasado por homicidio simple. Se aprobó, eso sí, un pedido de informes, pero la mayoría oficialista: ocurre que Juntos quería un plazo «razonable» para que sea contestado. Salió como «urgente». «Queremos que si hubo algún error sobre este ex agente que se informe», aclaró Paula Majdanski.
La sesión todavía no había llegado ni al medio tiempo, después de un cuarto intermedio. Herrera no estuvo ni siquiera para defender su propio proyecto, en el que pedía informes al Departamento Ejecutivo sobre los polémicos panfletos difundidos por la Dirección de Juventudes del Municipio en el festival «La Minga», a través de los cuales se recomendaba cierto uso responsable de estupefacientes a potenciales consumidores.
Fue la peronista Daniela Burgos la que hizo referencia a este proyecto, que pasó también al archivo por 12 a 11. Por la misma mayoría, el oficialismo también giró al Ejecutivo un proyecto de Juntos por el Cambio que pretendía declarar «de interés publico la lucha contra las adicciones» y crear un programa al respecto.
La misma suerte corrió el pedido de interpelación al intendente por este tema. El oficialismo recordó que el programa de «control de daños» (en el que se basaba el tríptico de «si vas a consumir cocaína empezá de a poco») había sido aprobado por ordenanza el año pasado. «En ningún artículo se establece que se reparta folletos que instiguen a los jóvenes a drogarse. Es vital que venga el intendente», refrendó Analía Zappulla.
En sus primeros pasos como concejal, Federico Laprovittolla (el hijo de Margarita Stolbizer reemplaza por unos días al radical Rolando Moretto, de licencia) consideró que el asunto generó un «retroceso». «Es peligroso un mensaje en el que se identifique la diversión con la droga. Todo programa a la reducción de daños debe ser respetuoso y dedicado al adicto. Su reproducción se hizo en un espectáculo público y familiar. Y conllevó a actitudes reaccionarias. Un dispositivo mal diseñado, apologista y distorsionado», calificó.
La jefa de bloque oficialista explicó que el debate era innecesario: «El intendente y el secretario de Salud salieron a hablar por todos los canales. Él mismo analizó y dijo que todas las políticas son perfectibles. Sabemos adónde conduce esto y no vamos a acompañar, les espetó Majdanski. Esa votación no iba a ser distinta.
El siguiente expediente era el de la creación del «Observatorio de Víctimas» Municipal. El peronismo mocionó girarlo al Ejecutivo y así se aprobó, por la mínima mayoría. A esa altura ya no había nada que negociar.
Faltan otro dos proyectos opositores: Ficha limpia y Boleta Única. Ninguno de los dos iban a pasar tampoco. El primero era apenas una recomendación al Ejecutivo Municipal. Pero es parte de una batalla política nacional. Los intendentes de San Isidro y Rojas, por mencionar dos casos, lo resolvieron por decreto. En los Concejos de Tres de Febrero y Pinamar ya se aprobó. Esta semana también se trataba en MdQ.
La propuesta promueve que no pueda contratarse a un funcionario municipal sobre el cual pese una sentencia firme (segunda instancia) por un delito contra el Estado. En desacuerdo, Julieta Laviuzza explicó que «hay cosas que no podemos normar» y que «el único límite constitucional para ser funcionario es su idoneidad».
«Estos tipos penales ya tienen una inhabilitación para ocupar cargos públicos (cierto, pero no se cumple, tal como sucede con el director del BAPRO e intendente en licencia de Merlo Gustavo Menéndez). Sólo estaríamos duplicando, cuando ni siquiera es de nuestra competencia. Entiendo que hay proyectos de ley», dijo.
Tampoco vio la luz un proyecto de «Beneplácito» por el proyecto de Boleta Única que tiene media sanción en el Senado. «Nadie pidió que se trate en sesión extraordinaria. Hablan de oportunismo, de circo, pero convocaron a esta sesión para archivar todos los expedientes», cuestionó Juan Nardo, antes de perder 12 a 11.
Tras la goleada consumada, el oficialismo se dio el gusto de tratar dos expedientes propios. El de Acuña se estiró por los cuestionamientos mutuos sobre la educación y el estado de las escuelas. Dos países en espejo. El último se acordó del caso Chacabuco tangencialmente, sólo para cuestionar al consejero hoy suspendido por incitar a los padres de esa Escuela Técnica a recoger documentación sobre las denuncias de drogas y violencia que llevaron a que la Jefatura Distrital relevara a su directora y pusiera inspectoras a cargo.
«Si hay un video de algún pibe o que esté consumiendo, o que se esté vendiendo o lo que fuera son cosas que ayudan a la indignación y a que este tema se ponga en agenda”, expresó el funcionario en ese audio.
“El consejero admitió ser el autor de ese audio, y en cuanto a esto hay una ley nacional de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que, en su artículo 22, dice que las infancias tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y su propia imagen. Y que prohíbe exponer, difundir o divulgar divulgar datos, información o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a los sujetos de esta ley cuando se lesionen su dignidad o su reputación”, expuso hoy Majdanski.
A del Huerto «se lo suspendió sin causa, sin derecho al descargo y ahora lo están repudiando antes de que se cometa ningún delito», se quejó Zappulla. Y remató: «Si venden droga en el colegio es delito. Pero por las dudas lo sancionan. Porque convoca a los padres a ir a una sesión. Si hubiéramos echado a cada consejero del Frente de Todos que armaba protestas no quedaba nadie: Se pasaron cuatro años haciendo eso».
«Tengo familiares en ese colegio. Si ese video se viraliza ¿Quién piensa en esos chicos?», contesto Daniela Burgos.
