Designó a Walter Correa: En medio de los reclamos, Kicillof ubica a un sindicalista K al frente del Ministerio de Trabajo

El gobernador Axel Kicillof, anunció hoy la designación del sindicalista K Walter Correa como nuevo ministro de Trabajo de la Provincia, a partir del próximo lunes, en reemplazo de Mara Ruiz Malec, quien asumirá como directora Gral. de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.

«La provincia tendrá ahí una amiga, una aliada, trabajando para defender la justicia social», planteó, al destacar la gestión de Ruiz Malec al frente del organismo. Luego, puso de relieve «la reconstrucción del Ministerio de Trabajo» que llevó adelante la ministra y le agradeció su labor.

En el contexto del anuncio, el gobernador recordó que el antecesor de la funcionaria saliente, Marcelo Villegas, «salió en un video buscando maneras de perseguir a las organizaciones de los trabajadores, autodenominándose la Gestapo antisindical».

«Buscaban quitar derechos a los y las trabajadoras. Hicieron una reunión con espías de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y funcionarios viendo cómo generar causas para perseguir sindicalistas. No nos vamos a olvidar de eso, es un delito gravísimo. Usaron al Estado para perseguir y armar causas. Es muy grave», insistió.

Vecino de Moreno y ex diputado nacional de Unidad Ciudadana, Correa administra cooperativas y ayer, mientras marchaba conjunto con la CGT, denunció “un plan desestabilizador” por parte de la Asociación de Empresarios de la Argentina, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Sociedad Rural y el Pro.

“Parar el golpe”, se tituló el panfleto que llevaba la adhesión de la Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero, que conduce el propio Correa, y de la seccional Oeste de la CGT. El nuevo ministro asumirá de inmediato el desafío de contener los reclamos de reapertura de paritarias de ATE y otros gremios como la CICOP, que hoy marcharon por salarios. Además, el 30 de agosto la FESIMUBO marchará a La Plata para reclamarle al Estado Bonaerense y a los intendente el cumplimiento de la Ley de Convenios Colectivos, que en algunos municipios ni siquiera se han firmado, pese a que se promulgó en 2016.