La sede Regional del PAMI, ubicada en 25 de Mayo al 200 (Morón) fue allanada hoy por dos decenas de agentes de la Policía Federal, en el marco de una investigación que realiza la Justicia sobre supuestos desvíos de fondos hacia Hurlingham.
La lupa de la denuncia presentada semanas atrás por la diputada de JxC y ex ministra de Salud Graciela Ocaña está puesta, principalmente, en dos centros de jubilados de ese municipio que habían recibido el dinero pero no estaban en funcionamiento.
La causa tiene como principal apuntado a Martín Rodríguez, ex presidente del HCD, actual subdirector del PAMI y pareja de la titular del ente, Luana Volnovich, quien habría promovido la transferencia de entre 40 y 50 millones de pesos a presuntos centros de afiliados y actividades supuestamente destinadas al esparcimiento de adultos mayores en plazas de Hurlingham durante la pandemia.
La orden para llevar a cabo este operativo fue firmada por el juez federal de Morón Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto y obedece a una denuncia que presentó la diputada Graciela Ocaña, que fue replicada y profundizada por el programa Periodismo Para Todos y que derivó en una investigación preliminar de la UFI-PAMI.
La responsable del lugar se encerró con llave en su oficina cuando ingresaron las autoridades y les impidió el ingreso. Más tarde se negó a firmar el acta del allanamiento. La directora regional es Valeria Zalazar, docente universitaria y militante de La Cámpora, al igual que los jefes del PAMI y el intendente de Hurligham.
Según denunció Ocaña, el gasto más grave fue el giro de casi $20 millones para la constitución de dos centros de jubilados que, como publicó un informe del programa de Jorge Lanata PPT (Canal 13) no existen.
De hecho, según el informe, ninguno de los dos centros funcionaba. Como se vio en aquella edición de PPT, el Centro de Jubilados y Pensionados “San Javier”, de acuerdo al acta constitutiva y a la carta de cesión del inmueble por parte de la propietaria que “donaba” el lugar para el proyecto, figura en una dirección que no existe.
Algo similar sucede con el Centro de Jubilados y Pensionados “Güemes”. En este caso, la dirección es real, pero dentro del lugar no funciona nada que se asemeje a un centro de jubilados.
Allí vive la propietaria del lugar, de nombre Marta, cuya firma figura de igual forma en el acta de constitución y en la carta de cesión del inmueble, y quien no pudo contestar si allí funcionaba el Centro Güemes y qué había sucedido con el dinero destinado para el lugar.
El PAMI de Morón, además, le habría girado 7.300.500 pesos a la Municipalidad de Hurlingham por los denominados “Llamadores”, personas que llamaban por teléfono a afiliados de ese ente para indagar sobre sus necesidades.
En paralelo, Ocaña apuntó a otro proyecto irregular; “Plazas PAMI”, por el que Hurlingham recibió 10 millones de pesos, que apuntaba a brindarle a los jubilados un espacio abierto para actividades de esparcimiento como gimnasia, danza y yoga, en el contexto de pandemia.
Finalmente, el PAMI le dio a Hurlingham dinero para la organización de un evento al aire libre por el Día del Jubilado. En este caso, hubo una primera asignación de $4.200.000 y una ampliación por $1.300.000.
En suma, se cree que el PAMI le entregó al Municipio entre 2021 y 2022 poco más de $47.115.900 para supuestas acciones destinadas a jubilados.
Toda esta trama fue adjudicada a Martín Rodríguez. La investigación arrojó también que empleados de planta permanente de ese Municipio constituyeron los centros de jubilados “fantasmas” y que uno de ellos, incluso, era empleado de la agencia de PAMI situada en William Morris.