El gobierno quiere estatizar los accesos Norte y Oeste: Pedirá a la Justicia anular las concesiones prorrogadas en el 2018

Mediante un decreto el Presidente, Alberto Fernández, consideró que las concesiones de las Autopistas del Sol y Del Oeste son “lesivos” para el Estado y encomendó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para denuncie en la Justicia y declare nulos esos contratos, extendidos durante el periodo de Mauricio Macri.

El Gobierno dejó claro que pretende tomar el control de los accesos Norte y Oeste, actualmente en manos de una sociedad comandada por la española Abertis. Autopistas del Sol tomó la concesión sobre el Acceso Norte el 19 de julio de 1994. El grupo empresario tenía una particularidad: no había socios mayoritarios. Sideco, la compañía de los Macri, tenía un tercio; la italiana Impregilo, otro; y el restante era de la compañía española Dragados, acompañada en su porción por la argentina Dycasa. Sin mayoría, pero con el apoyo del otro socio italiano, Macri fue la cara del grupo en aquellos primeros años de concesión.

En 2001, Macri vendió el 25% de la empresa a cambio de US$84 millones y, en 2017, el 7% restante. En España, una serie de fusiones y compras de constructoras derivaron en que la accionista mayoritaria sea Abertis, también dueña de Autopistas del Oeste. Esos dos contratos fueron renegociados en 2018. Y ahora Fernández quiere que sean anulados, tal como quería el kirchnerismo desde que regresó a la Casa Rosada.

“Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los decretos 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, reza el 1er artículo del decreto publicado hoy en el Boletín oficial.

Luego, le entrega facultades a Vialidad Nacional para “interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados”, completa. Esa redacción será suficiente como para que se interponga la acción de nulidad ante un juzgado contencioso administrativo. Mientras tanto, el Gobierno le solicitará a la Justicia que entregue el manejo de la empresa al Estado a fin de “resguardar los derechos de los ciudadanos”.

En principio, esto no causarían efectos los acuerdos vigentes que se firmaron en 2018 y que, entre otras cláusulas, llevaron la concesión a ser explotada hasta 2030. En ese caso, con los contratos caídos, las prórrogas se caen y la concesión regresaría al concedente, en este caso, el Estado.

La intención de estatizar los corredores, prácticamente los únicos que quedan en manos privadas junto a Caminos del Río Uruguay, que corre mayoritariamente sobre la traza de la ruta 14, ya había sido adelantada por el Presidente y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Una de las medidas que desorientó es el camino de la nulidad. El punto es que Autopistas del Sol y del Oeste están unidas al Estado mediante un contrato de concesión que se firmó en 1994 y que después de caer cuando explotó la convertibilidad, en diciembre de 2001, fue renegociado en 2018 durante la gestión de Macri.

Ese contrato permitiría que el Estado lo rescinda cuando existe alguna causa que lo amerite. Ese fue el camino mediante el que se estatizó Aguas Argentinas, el Correo Argentino o varias de las rutas nacionales.

Si la Justicia accede al pedido, pues lo que sucederá es que la rescisión de 2018 se caerá de inmediato. En esa última negociación estaba la prórroga hasta 2030, una de las cláusulas que se incluyeron para que la empresa se cobre la deuda que tiene el Estado a cambio de más tiempo. Sin esa cláusula ya no hay concesión y el manejo pasa inmediatamente al concedente.

La deuda con Morón

Por otra parte, el Grupo Concesionario del Oeste SA deberá pagar al Municipio de Morón $ 23.335.417,90 más intereses y costas, en concepto de deuda por el no pago de la tasa por el mantenimiento y/o reconstrucción de las vías de acceso a las autopistas, entre 2016 y 2020.

Así lo dispuso la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, que ratificó un fallo de diciembre último del Juzgado N° 3 de este departamento judicial, a favor del reclamo de la comuna.

Al igual que la decisión judicial de primera instancia, este fallo de la Cámara de Apelación se basa en el cumplimiento de la Ordenanza Fiscal que establece que “las empresas concesionarias del Estado Nacional y/o Provincial o Municipal, y/o quien explotare corredores viales o autopistas por peajes, tributarán en concepto de mantenimiento y/o reconstrucción de las vías de acceso a las mismas”. “Su percepción tiende a asegurar la autonomía del Municipio y el cumplimiento de sus fines específicos, constitucionalmente tutelados”, argumentan en su resolución los camaristas Roberto Jorda y Liliana Ludueña.