La Fiscalía pidió procesar de nuevo a ex funcionarios K y a empresarios por la obra del soterramiento del Sarmiento

El fiscal federal Franco Picardi pidió el procesamiento del exministro Julio De Vido; de los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y de un grupo de empresarios que incluye a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga el pago de sobornos en la licitación del soterramiento del ramal Sarmiento de Trenes, autorizada bajo la gestión de Cristina Kirchner.

El planteo de la fiscalía se formuló después de que el juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi ordenara una pericia contable para lograr cuantificar el daño ocasionado al Estado. Cristina Kirchner había dicho que el caso que se encontraba «paralizado» y representaba «el mayor caso de corrupción».

La obra del soterramiento del Sarmiento es inédita. Se lanzó por primera vez en 2006, cuando Néstor Kirchner era presidente, y se anunció al menos diez veces la puesta en funcionamiento de la obra. A 16 años de su lanzamiento aún no se terminó y no hay plazos para que se reactive y finalice.

En la causa que se inició para investigar las irregularidades en las obras están bajo investigación el ex ministro Julio De Vido, los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y el ex secretario de Obras Públicas, José López. También, hay empresario involucrados entre ellos, Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

También se suman Santiago Ramón Altieri, Mario José Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Alejandra Kademián, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto Fabián Rodríguez y Diego Luis Pugliesso.

Sobre todos ellos el fiscal Franco Picardi pidió que se avance con el análisis de la situación procesal. El planteo incluye a Manuel Vázquez, señalado como testaferro de Jaime, también bajo investigación en este expediente.

El planteo del representante del Ministerio Público Fiscal se formuló en el marco de la queja por la pericia ordenada por el juez Martínez De Giorgi. Al respecto dijo que esa medida «nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas».

En este mismo sentido, el fiscal indicó que en la causa «no se cuestiona la oferta económica, si era adecuada, o si era correcto el precio por kilómetro, el porcentaje de los pagos en función de la totalidad de la obra o los pagos en función del avance de la obra».

Picardi recordó que -según corroboró la fiscalía-, «la estructura de corrupción estudiada se ha traducido en maniobras de suma complejidad, que ha incluido un pacto venal sellado a partir del año 2005 entre determinados funcionarios del ex Ministerio de Planificación y empresarios».

Se señaló que en la causa el Ministerio Público Fiscal dio por corroborada las «sucesivas connivencias, promesas de pagos y pagos indebidos, contratos comerciales simulados y una ingeniería financiera diseñada para la triangulación espuria de cuantiosas sumas de dinero, con la participación de sociedades nacionales y extranjeras, tanto en miras a posibilitar retornos para la canalización de sobornos, como para consolidar provechos económicos resultantes».

Para argumentar su pedido y de que se avance en el procesamiento de todos los indagados, el fiscal dijo en su dictamen que «los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios».

El estado actual del expediente y la «cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas, de conformidad con lo valorado y requerido por este Ministerio Público Fiscal en el referido recurso de apelación», es decir: que sean procesados.

En abril de 2019, Martínez de Giorgi procesó a los ex integrantes del ministerio de Planificación Federal por «negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas», por presuntamente haber favorecido a las firmas ganadoras de la licitación. También por dádivas se había procesado a Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa, con embargos de cinco millones de pesos.

Pero la Cámara Federal porteña anuló la resolución, y le ordenó a Martínez de Giorgi volver a analizar la situación procesal de todos los acusados. Por ese motivo, el fiscal Picardi pide que se avance en el procesamiento de las personas investigadas.

El contrato discutido

La obra quedó en manos del gigante brasileño Odebrecht, que enfrenta diversos procesos judiciales en diferentes países, entre ellos Argentina. En el marco de la operación Lava Jato, los dueños de la constructora admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015, para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

En Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones sospechosas adjudicadas a la constructora brasileña. El más importante es justamente el que investiga corrupción en el soterramiento del tren Sarmiento, una obra valuada en 3.000 millones de dólares, y adjudicada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio de 2019 la firma brasileña se fue de la obra, al igual que IECSA.

El contrato no fue rescindido pese a que la obra lleva más de dos años detenida. Desde el gobierno habían señalado a Clarín que resta una inversión superior a los 1.500 millones de dólares para concluir los trabajos, cuyo avance hasta el momento incluye desde la estación de Haedo hasta la de Liniers. Restan poco más de seis kilómetros por construir. El presupuesto es por demás oneroso.

Por ese mismo motivo, el gobierno de Alberto Fernández ordenó hace un año una auditoría cuyas conclusiones aún no fueron entregadas, para decidir como continuar con el contrato. “Originalmente la financiación era de la compañía de origen italiano, pero la gestión de Cambiemos modificó eso a financiación nacional propia. Rescindir el contrato cuesta casi lo mismo que la obra del tunelado, y se perdería lo invertido hasta el momento”, se indicó.

(Fuente: Clarín)