La Cámara de Apelaciones sobreseyó a una falsa veterinaria que fue separada de la Dirección de Zoonosis de Ituzaingó

En un fallo tan insólito como polémico, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón sobreseyó, sin que llegara a juicio, a una exfuncionaria de Ituzaingó que había sido procesada por práctica ilegal de la profesión veterinaria durante su paso como directora de Zoonosis, entre el 2013 y 2018.

La denuncia penal había sido presentada por el Colegio Veterinario de la Provincia, tras la aparición de un video en el que se veía a Virginia del Oro en plena intervención quirúrgica de un animal, por el «ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la usurpación de título (delitos tipificados en los artículos 208 y 247 del CP».

Del Oro, quien era presentada por el Municipio como una militante proteccionista, había sido separada de su cargo después del escándalo, en el que terminó imputada y procesada tras negarse a declarar ante la Justicia. Sin embargo, apeló a la Cámara para pedir el sobreseimiento, que consiguió con argumentos insólitos y amparándose en la ley 14.72 nacional (1951) que excluye a funcionarios públicos del carácter obligatorio del título habilitante para aquellos casos «que sea indispensable para el cumplimiento de sus obligaciones».

“La ley nacional ampara una práctica normal que se da en los territorios, como el farmacéutico que recomienda un medicamento y no puede, el enfermero que hace cosas que van más allá de su labor o el pedicura que indica una crema sin ser médico. Es una discusión que se puede centrar en el campo de la ética, pero que no es delito”, citó el portal Primer Plano de fuentes judiciales que explicaron el fallo de la Cámara.

En tanto, el CVPBA salió a repudiar este nuevo criterio firmado el pasado 19 de diciembre por los jueces Fernando Gabriel Bellido, Fabian Cardoso (hermano del exdiputado y exfuncionario Damián) y Diego Matías Grau.

«En un fallo inaudito, la Cámara de Apelación confundió la ley aplicable, desatendiendo injustificadamente los claros lineamientos de nuestro decreto ley 9686/81, para considerar de aplicación – y de manera sorpresivamente equivocada – la ley 14.072 que regula el ejercicio de la medicina veterinaria en la Capital de la República, territorios nacionales y lugares sujetos a jurisdicción nacional», indicó en un comunicado.

«Además de aplicar una normativa que no corresponde a la jurisdicción provincial, la Cámara de Morón efectuó una interpretación disparatada de la misma, concluyendo que cualquier funcionario público no profesional se encuentra en condiciones de ejercer la medicina veterinaria», sostiene el Colegio.

Y agrega: «Lo cierto es que el Tribunal interviniente desconoce llamativamente que – más allá de la ley aplicable – para el ejercicio de la medicina veterinaria en todo el territorio nacional es necesario contar con título universitario y con matrícula habilitante, constituyendo ejercicio ilegal en los términos del artículo 247 del Código Penal, toda conducta que no se ajuste a dichos requisitos».

«Lo decidido por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, además de constituir un atentado contra la Salud Pública, un atropello contra la profesión veterinaria y un desconocimiento de las competencias provinciales, resulta ser un escándalo jurídico sin precedentes, que merece el repudio de esta Institución. Por todos esos motivos, este Colegio de Veterinarios y la Fiscalía interviniente recurriremos el lamentable fallo dictado, persiguiendo restaurar todos los daños y bienes jurídicos que el mismo lesiona», adelantó el CVPB que apelará el sobreseimiento, que deja un peligroso antecedente, a Casación.

Sobran los antecedentes penales: La Ley 24.527 sobre incumbencias profesionales -promulgada en 1995 por el Congreso de la Nación- establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente». y que «será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos cincuenta pesos, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.”

Para el Colegio de Veterinarios el problema no radica en la realización de las castraciones, “sino en el desarrollo de eventos masivos que incumplen con la normativa vigente”. En este sentido, el decreto ley provincial 9686/81 establece que todo tipo de cirugías en animales deben realizarse por profesionales veterinarios. También, la ley provincial 13.879 fija que los municipios y comunas de la Provincia alcancen el equilibrio de la población de caninos y felinos con la práctica de la esterilización quirúrgica. Y que las castraciones quirúrgicas masivas deberán realizarse en los centros de zoonosis o antirrábicos municipales y provinciales.