Se cumplen 14 años de su desaparición: Vuelven a pedir Justicia por Luciano Arruga y juicio político contra fiscales

Este martes 31 de enero se cumplirán 14 años de la desaparición de Luciano Arruga, un adolescente de La Matanza que apareció muerto años después, sepultado como NN en un cementerio de CABA. La querella apunta a la Policía Bonaerense, que ya lo había torturado en una comisaría de Lomas del Mirados en septiembre de 2008, causa por la cual fue condenado a diez años de cárcel Julio Torales. Sin avances en el terreno judicial, hay pedidos de juicio político contra fiscales y jueces que no investigaron el asesinato del joven.

Este domingo, el Espacio Luciano Arruga (ubicado en el ex destacamento de Indart y San Martín) se realizó un nuevo acto de repudio y lucha por la verdad. «Una se acostumbra a vivir con el dolor, y es horrible; también con la desidia, la angustia, la tristeza, a no haber tenido justicia. Hasta a eso una se acostumbra hasta que se acaba la nafta, hasta que la pacha dice basta; no creo en Dios, aunque debe ser que exista, pero para nosotros no tuvo tiempo», declaró Mónica Raquel Alegre, mamá de Arruga, quien de acuerdo a la primera causa era perseguido por negarse a «robar para la Policía», como tantos otros de su edad.

«Esta actividad y todas las que venimos haciendo intenta reflejar la violencia que sufren los jóvenes a los que les tocó vivir en barrios castigados. Hablamos de violencia institucional cuando hablamos de falta de acceso a la vivienda digna, salud, educación, alimentación. Y además sufren represión estatal que se dan de la mano de torturas, desapariciones y fusilamiento. Hay que visibilizar lo que ocurre en las barriadas y decir que los jóvenes no son peligrosos, sino que están en peligro ante un Estado cruel que tiende cada vez más a la desigualdad», reflexionó hoy Vanesa Orieta, hermana de Luciano, en declaraciones al portal lavaca.org.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) volvió a pedir esta semana el juicio político a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez Gustavo Banco, a cargo de la causa por la desaparición de Arruga.

“La causa que debe investigar su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción. El juicio político a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco está estancado”, advirtió el organismo de derechos humanos.

El CELS recordó que ya había reclamado este proceso y que también lo hizo la familia de la víctima en 2012 y 2013. “Denunciamos y pedimos juicio político por las conductas que habían tenido durante la investigación por la desaparición de Luciano”, sostuvieron.

Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009. Tenía 16 años y vivía en Lomas del Mirador, La Matanza. Su cuerpo fue encontrado e identificado en 2014, luego de permanecer enterrado como NN en un cementerio.

El 22 de septiembre de 2008, Luciano había sido torturado en el destacamento de Lomas del Mirador. Por ese hecho en 2015 fue condenado el expolicía bonaerense Julio Torales a 10 años de prisión.

El pedido de juicio político por parte de CELS llegó después que la fiscal Castelli delegó la investigación en la policía bonaerense, a pesar de que integrantes de esta fuerza habían hostigado y torturado a Luciano Arruga y que la principal hipótesis de la causa es que participaron en su desaparición.

Asimismo, explicaron que una de las fiscales pidió la intervención de los teléfonos de la mamá y la hermana del adolescente, Mónica Alegre y Vanesa Orieta, y de otros familiares de forma arbitraria, secreta y extendida en el tiempo.

“Recién en 2019 el sumario del pedido de juicio político concluyó. Solo la familia de Luciano y el CELS avanzamos con la acusación. La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios desistieron de continuar con el proceso”, denunciaron desde el organismo.

Por esto, desde el CELS exigen que se declare admisible la acusación y se realice la audiencia de juicio contra las fiscales Castelli y Cejas y el juez Banco.

“En todo este tiempo, el Estado no dio respuestas sobre el caso y sólo sumó obstáculos para acceder a la verdad y la justicia”, concluyeron.