Moreno: Padece una enfermedad incurable y presentó un amparo para que le practiquen la eutanasia

María Ludueña, una vecina de La Reja (Moreno) de 62 años, padece de artritis reumatoidea hace unos 25 años. Una patología incurable y degenerativa. Por eso la semana pasada le pidió a la Justicia que la ayude a morir.

Por supuesto, las prácticas eutanásicas están prohibidas, más allá de que hay varios proyectos que, año tras año, naufragan en el Congreso sin tratamiento. Por lo que la paciente presentó un amparo, a través de la Defensoría oficial de Moreno (depende de la Procuración bonaerense), a cargo del Dr. Edgardo Pablo Molins, en el Juzgado Correccional 1 de ese Departamento, para que la Provincia se haga cargo del caos.

De encontrar una salida legal, se convertiría en el primer caso en el país. Un debate mundial político, ético y judicial. «A María la conocimos hace siete años, cuando iniciamos un amparo de Salud para la cobertura de su enfermedad. En ese momento no le cubrían los medicamentos, pero estaba en condiciones de vida dignas. Nos fue bien, pero pasaron los años y nos volvimos a encontrar con una situación muy distinta: ella no tenía interés en seguir luchando con esta enfermedad. Está aquejada por un dolores cada vez más fuertes».

Hoy María vive postrada, por lo que sus familiares más cercanos aceptaron su decisión, que por ahora es sólo el deseo de terminar con el sufrimiento. «La eutanasia está penada; lo ve como una ayuda al suicidio en el Código Penal. Hay tres proyectos con estado parlamentario que habilitarían esta práctica. Pero se giran a las comisiones y todos los años se vuelven a incorporar. Falta voluntad para tratar éste tipo de casos».

El pronóstico «es irreversible». La vía judicial está abierta. «Es lo único al alcance», en verdad. «Alguna vez se logró que así, con un fallo judicial, salga la ley de divorcio o el matrimonio igualitario». Está planteado como un «amparo» contra la Provincia. El expediente no tiene plazo. Pero solicita que los servicios de Salud pública se haga cargo, si acaso el tribunal le da razón, para asistir «con fármacos letales» a la actora denunciante. Llegado el caso, sería también el Ministerio Público Fiscal el «contralor» de la «legalidad» del hecho.