Policía Municipal: Según Lucas Ghi, podría «detener» y contará con armas «de baja letalidad»

A una semana de la firma del decreto que creara la «Policía Municipal» de Morón, el intendente, Lucas Ghi, dio precisiones de los alcances de este programa, con las mismas contradicciones que lo había hecho su secretario de Seguridad, Damián Cardoso, respecto a una norma que todavía no apareció en el Boletín Oficial pero que, por lo que trascendió, está mucho más lavada que el proyecto de ordenanza que fue girado y retirado de su tratamiento en el HCD.

¿Qué diferencia hay entre esta Policía Municipal y la Guardia Urbana?, consultó ayer el periodista Ubaldo Luna, durante una entrevista en el programa AM (Somos Flow). «En primer lugar, es personal que tiene estado policial», respondió el jefe comunal. Según el artículo 1° del decreto 1519/2026 (mostrado por al menos dos portales de noticias, pero sin publicación oficial), se trata de una «organización civil» que «carece de personalidad jurídica, autarquía o estado policial». Primera contradicción, de varias. Para el Ejecutivo, la nueva fuerza, que pretenden salga a la calle a mediados de diciembre, es la misma que perfilaban en un proyecto de ordenanza que nunca vio la luz.

Según el Ejecutivo, salió por «decreto» porque «la política no puede retrasar» la iniciativa. Según confiaron fuentes tanto libertarias como del sabbatellismo, porque el Ejecutivo no aceptaba cambios. «Lo íbamos a votar. Pero no nos íbamos a hacer cago de algo ilegal. El proyecto establecía protocolos de resguardo de pruebas, detenciones y armas de baja letalidad, pero nada de eso puede hacer un empleado municipal», explicó un concejal de LLA. Como sea, el decreto 1519, que lleva las firmas de Ghi, Cardoso y la Jefe de Gabinete, Estafanía Franco, dista y mucho de aquel dictamen.

«Querían que votáramos cualquier cosa. Ahora que se hagan cargo ellos. El problema lo van a tener los efectivos, por ellos van a ser los denunciados cuando detengan o le peguen a alguien», proyectan fuentes cercanas a Patricia Bullrich.

El Programa, de todas formas, está incluido en el nuevo Presupuesto 2026, modificado por el Ejecutivo y reenviado al HCD; y que sería tratado en la sesión de este jueves 13 de agosto. Allí se habla de unos 120 agentes y de la compra, por ejemplo, de «chalecos antibalas», algo que aparecía en el proyecto de ordenanza pero no así en el Decreto.

En esta primera etapa, los aspirantes sólo «van a recibir una instrucción». «Son retirados de la fuerza, con portación de arma, aunque en este caso sólo van a tener armamento de baja letalidad. Estarán focalizados a tareas de prevención y pueden detener a una persona si la encuentran cometiendo un delito infraganti; no pueden allanar ni investigar».

«Seguramente la Guardia Urbana va a quedar como una expresión menor, porque los recursos serán girados para financiar la logística y recursos de la Policía. Está contemplado que estén en la calle en diciembre, con autos, motos e indumentaria policial, distinta de la Bonaerense. Armados con equipamiento de baja letalidad», afirmó el intendente.

Ni el decreto ni ninguna normativa provincial habilita a semejante cosa. Muy lejos quedó la foto de abril junto a funcionarios judiciales y del Ministerio de Seguridad, cuando se hicieron los primeros anuncios, sin que hayan aparecido los convenios que, en todo caso, habilitaría al Municipio a avanzar con una fuerza propia y muy distinta a las guardias urbanas que surgieron en éste y en otros distritos vecinos para auxiliar, en todos caso, a la Policía Bonaerense.

No es un debate nuevo, ni se abrió una grieta legal tampoco. En agosto 1988, con la excusa de que “el pueblo de Morón no aguanta más la falta de seguridad”, el ex intendente Juan Carlos Rousselot anunció la creación de un cuerpo de “vigías comunales” que iba a actuar en forma paralela a la Policía Bonaerense (cita P/12). Finalmente reculó.

Ley 13.210 de la Provincia de Buenos Aires, sancionada y promulgada en junio de 2004, creó las bases jurídicas para el funcionamiento de las Policías Comunales de Seguridad en municipios del interior, con una población menor a 70.000 habitantes. Esta norma, debatida durante la gobernación de Felipe Solá fue reemplazada por leyes de unificación y organización policial como la Ley 13.482, de 2014. Fue el último intento por crear la Policía local en distritos del GBA, en ese entonces con impulso del gobernador Daniel Scioli, y la resistencia del kirchnerismo duro.

Desde ese entonces el debate parecía agotado. Hasta que apareció este decreto municipal. Claro que, por obra de las internas o la especulación política, nadie le saltó al cuello al intendente por éste asunto (como sí por otros mucho menores). Tampoco anticipan una batalla judicial. Sí hay cautela y escepticismo. «El Presupuesto 2026, que quieren votar en agosto, contempla a una Policía Municipal con 120 agentes. Pero en ningún lado dicen cuánto le van a pagar. No pueden igualar lo que gana un policía, ni siquiera de la Bonaerense. Y un agente retirado no puede cobrar las dos cosas. O resigna el sueldo o renuncia a su jubilación», indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad nacional.

En rigor, el proyecto de presupuesto asigna $834.000.000,00 para salarios en la Policía Municipal, de los cuales 547 millones de pesos corresponderían al gasto anual a repartir entre 120 agentes. Esto es 4.560.000 por año por agente. Ese ingreso a repartir entre cuántos meses? doce, seis, cuatro? El Presupuesto no establece un salario de base.

En el apartado referido a la Policía Municipal, el Ejecutivo establece recursos para la compra de uniformes, borcegos, tonfas, chalecos antibala, esposas y armas de aire comprimido, entre otras cosas, por casi mil millones de pesos. Lo cual, de aprobarse así como está, por lo menos habilitaría al Ejecutivo a su compra. Otra cuestión será el uso.