El Tribunal de Cuentas multó al municipio de Hurlingham por el último balance de Zabaleta

La gestión de Damián Selci hizo pública una jugosa multa impuesta por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos en contra del Municipio de Hurlingham, por presuntas irregularidades contables en el ejercicio económico del 2023. El fallo hace solidario de la sanción tanto al exintendente Juan Zabaleta, como a quienes estuvieron al frente de la Secretaría de Hacienda y la Tesorería durante el último año de su segundo mandato. El camporismo ya lo había denunciado durante la Rendición de Cuentas, que rechazó parcialmente (hasta diciembre, cuando cambió de mando).

Según el fallo dictado en abril último, se impusieron tres multas por casi $80 millones por el “perjuicio al erario público”.

Además de Zabaleta, fueron alcanzados «solidariamente» los ex funcionarios Carlos Augusto Dichiara (Hacienda), Gustavo Gabriel Schiariti y Pablo Javier Suárez (Contaduría), Alejandro Torres (Tesorería), Facundo Cadavid y Mario Rafael Ochoa (Obras Públicas e Infraestructura), Damián Alejandro Feu (Seguridad), y Agustín Castro Bravo y Juan Ignacio Accattoli (Compras), entre otros.

De acuerdo a la información, durante 2023 varias secretarías contrataron camionetas, camiones y otros vehículos sin presentar la documentación exigida. En numerosos casos no se identificaron las patentes ni la titularidad de los móviles, y la información entregada fue parcial, ilegible o incompleta. El Tribunal también cuestionó la falta de justificación sobre la necesidad de esos alquileres, considerando que algunas áreas ya contaban con flota propia.

“El municipio mandó documentación parcial, no informó sobre superposición de períodos contratados, ni acompañó documentación que permitiera identificar patente y titularidad de los vehículos”, sostuvo el organismo de control.

Por este motivo, se ordenó constituir una reserva para analizar el posible perjuicio económico derivado de las contrataciones.

También según el fallo, se detectaron pagos a funcionarios sin respaldo efectuados bajo los conceptos de “Bonificación por Capacitación” y “Bonificación por Dedicación Exclusiva”. En ambos casos, el Tribunal señaló que no se adjuntó documentación que justifique su otorgamiento ni se presentaron decretos individuales, legajos o constancias de los cursos.

En materia de obra pública, el Tribunal observó irregularidades en la certificación de avance de la refacción del Microestadio de Villa Tesei, tramitada mediante la Licitación Privada N° 121/23. El Certificado de Avance de Obra N° 1, que informaba un progreso del 76%, no contaba con la firma del Inspector de Obra ni del representante técnico de la empresa adjudicataria, Guido Santiago Franco Labate. Solo figuraban las firmas de Zabaleta y del secretario Mario Rafael Ochoa.

Para el Tribunal, esto configuró un incumplimiento normativo que justifica sanción, y se ordenó verificar la finalización efectiva de la obra, que aún no está concluida.

Otro punto muy relevante del fallo es el de las contrataciones directas. El tribunal sostuvo que en varios casos se realizaron este tipo de contrataciones cuando correspondía realizar licitación pública. Uno de los casos señalados fue la adjudicación de trabajos de refacción en las Escuelas N° 3 y N° 25 a la empresa Desarrollos Beccar S.A., por más de $168 millones. Según el Tribunal, el municipio justificó el procedimiento con una doctrina “no relacionada con el tema aquí cuestionado”, y concluyó que se había incumplido el artículo 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.