Hurlingham: El Ejecutivo vuelve a proponer cambios al COU, debido a las objeciones de la Provincia
Medio año después de la última reforma, el Concejo Deliberante de Hurlingham recibió un proyecto enviado por el Ejecutivo que propone nuevas modificaciones al COU, con el objeto de conseguir la aprobación de Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano de la Provincia, que tuvo objeciones técnicas sobre la ordenanza aprobada en diciembre.
Aquella propuesta por el gobierno municipal fue votada por el bloque de Unión por la Patria, Marisol Fernández (Juntos por el Cambio), Roque Belizán, Claudia Serratti y Sebastián Palacio Rius (La Libertad Avanza), y Juan Manuel Lorenzo y Anahí Galeano (Juntos). Por su parte, Tamara Abdo, Julio Medina y Lucas Delfino votaron en contra.
Entre los fundamentos del expediente ingresado al HCD, el Departamento Ejecutivo sostiene que se «identificó la necesidad de introducir adecuaciones al texto normativo, a fin de garantizar su plena compatibilidad con el marco provincial». Los cambios establecerían dos aspectos cruciales en el COU: La derogación del artículo tercero de la Ordenanza 9689 del COU, en el que se delegaban facultades al Ejecutivo para realizar cambios y su entrada en vigencia.
Se aclara que la norma será oficializada a partir de la validación de la Provincia, de acuerdo al artículo 83 de la Ley 8912/77.
«Durante su tratamiento sostuvimos, en absoluta soledad, que el COU 2025 era un código mal elaborado, contrario a la legislación vigente y que generaba una enorme inseguridad jurídica para vecinos, profesionales, comerciantes e inversores», explicó el concejal libertario Julio Ramón Medina.
«Hoy el propio Ejecutivo propone que vuelva a regir el ordenamiento urbano anterior. Es una decisión que confirma que las advertencias que hicimos no eran políticas, sino jurídicas y técnicas», dijo. Y advirtió: «Durante estos siete meses pudieron haberse iniciado expedientes, otorgado permisos, realizado inversiones o tomado decisiones bajo un régimen que ahora el propio Municipio pretende dejar sin efecto. La sociedad merece saber qué ocurrirá con todas esas situaciones y quién asumirá la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haberse ocasionado.»
