Morón: El proyecto de la Policía Comunal vuelve a comisiones, debido a incongruencias del texto
En abril, el intendente recibió a funcionarios de la Provincia en el Salón Municipal
Por un acuerdo rubricado por todos los jefes de bloque, incluido el del PJ-MDF, el Concejo Deliberante aprobó este jueves el giro nuevamente a comisión del proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo que lo autorizaba a la creación de la «Policía Municipal de Prevención y Convivencia de Morón», una fuerza civil que, por algunas inconsistencias del texto original, recibió serias observaciones, hasta que decidieron retirarlo del Orden del Día.
El plan de seguridad fue lanzado en marzo por el intendente, Lucas Ghi, quien al mes siguiente recibía a funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Justicia y la Policía, con el fin de buscar respaldo político y técnico al plan. De hecho, en abril se hizo una convocatoria a agentes de seguridad retirados (no exonerados) para que formen parte de la escuela de formación profesional, y llegado el caso del ala jerárquica de la nueva fuerza municipal.
El problema es que, por ley, el municipio no puede crear una policía armada. Por lo que apenas sería una guardia urbana, como la que ya se lanzó meses atrás, con responsabilidades dedicadas a las tareas de prevención y al patrullaje. El primer debate en el HCD pasó por saber qué facultades tendrían y bajo qué régimen laboral serían contratados.
En rigor, el Dictamen de mayoría establece que se formará una fuerza «civil» pero con capacidades para utilizar «armas menos letales», según el art. N°36. Serían agentes «municipales» pero con prohibición de adherirse a un gremio. Tendrían un escalafón propio, pero no existe en el Estatuto municipal una carrera como la de agentes de seguridad.
«Mandaron una ordenanza absolutamente inconstitucional. Para arrancar, se los encuadra bajo la ley de empleados municipales. Y, tres doritos después, tienen prohibido afiliarse a un sindicato o partido político. Eso es para los policías o militares. También nos piden que deleguemos el armado de protocolos, entre los que figuran la custodia de escena del crimen. Se enredaron solos», cuestionó la concejal libertaria Analía Zappulla, una vez postergado el tratamiento.
Aún así, el dictamen de mayoría había sufrido algunas modificaciones propuestas por el sabbatellismo. En tanto que, por la minoría, el concejal de Ariel Aguilera de «Todo por Argentina», pedía en su dictamen que el proyecto se archive.
Para no correr el riesgo, o por no aceptar los reparos del Nuevo Encuentro, el intendente decidió esta semana dar marcha atrás a la ordenanza. En una entrevista al programa «Primer Plano», apeló a «la racionalidad y el interés común». Pero advirtió que, si el proyecto no se aprobaba, buscaría instrumentar a la nueva fuerza por otros medios legales.
Es decir por decreto. «Si se empantana la discusión por especulaciones de otra naturaleza no voy a vacilar en apelar a los medios que tengo para que la comunidad de Morón disponga de la fuerza en los barrios», sentenció el jefe comunal.
Por su parte, el bloque de Fuerza Patria culpó al propio Ejecutivo por la falta de diálogo. «Nosotros le hicimos modificaciones como la sindicalización. Y cómo ingresan a la planta municipal. Pero no sabemos sin van a contar con móviles propios, ni cuánto se va a gastar en combustible, en indumentaria, en armas de baja letalidad, y qué va a pasar con las horas extra que paga el Municipio a la Policía. Tampoco mandaron el presupuesto», apuntó Diego Spina.
Como sea, asumen que el proceso de formación ya comenzó sin tener una normativa particular. «Si son empleados municipales, y punto, no pueden portar armas de ningún tipo. Y además tienen que entrar al Municipio bajo la última categoría del escalafón, porque sino también sería ilegal. Por eso ni los concejales del MDF querían votar eso».
Licencias de conducir
Aunque el asunto no se debatió en la sesión ordinaria de este jueves, Spina aprovechó el giro de un proyecto de la comisión de Tránsito y Transporte, para acusar al intendente de cometer un «delito» y de «encubrir» a la ex subsecretaria de Licencias de Conducir Mabel Denti, quien fue obligada a devolver haberes por haber cometido una «incompatibilidad» mientras estuvo en ese cargo, que generó un vacío legal ya subsanado en los registros que firmó.
Tras las salida de Leonardo Lucero, el sabbatellismo acusó a Denti de oficiar «como una interventora» en el área de Licencias, no bajo la órbita de Transporte, sino de la Secretaría de Seguridad. El problema es que «le dieron de baja el 1° de junio porque cobraba dos haberes: Un anticipo como jubilada del IPS y un sueldo como funcionaria». «Le dan de baja y le exigen que devuelva la plata mal cobrada. Le hacen un plan de pagos de un millón de pesos por mes. Y no tienen mejor idea que hacerle un contrato de locación (de servicios) para que pueda pagar la multa», dijo Spina.
Y explicó: «El intendente no quiere tratar el Presupuesto, el expediente de la Policía Local, tiene una ex funcionaria prófuga, están jubilando a todo el mundo, incluida la presidenta del Consejo Escolar de Morón (Mabel Mesa), en el marco de un plan de ajuste, pero le están pagando un contrato de locación a esta señora para devuelva haberes mal cobrados».
