Legisladores libertarios piden explicaciones por la crisis del IOMA y la Provincia se victimiza
Legisladores de La Libertad Avanza anunciaron la presentación de un pedido de informes dirigido a la obra social del Estado bonaerense (IOMA) para conocer el estado financiero, administrativo y prestacional, como consecuencia de múltiples reclamos de afiliados y de prestadores, que van desde el cobro de copagos hasta falta de atención.
“Hoy los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza presentamos un pedido de informes a IOMA para exigir transparencia sobre deudas, prestaciones, copagos y manejo de recursos públicos”, sostuvo el exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
El ex dirigente del PRO aseguró que el objetivo es obtener precisiones sobre la situación económica del organismo y el destino de los fondos que administra. “Queremos saber cuánto debe, a quién le debe, qué prestaciones están afectadas y cómo se administran los fondos de más de 2 millones de afiliados. Transparencia y respuestas urgentes”, remarcó.
El pedido impulsado por los bloques legislativos de La Libertad Avanza pone el foco en distintos aspectos sensibles de la obra social provincial, entre ellos la deuda con clínicas, médicos, farmacias, laboratorios, prestadores de discapacidad y hospitales públicos.
Además, solicita información sobre pagos pendientes con entidades médicas como FEMEBA, AMP, COKIBA y FECLIBA, así como también sobre el plan de cancelación de deuda y la ejecución presupuestaria prevista para 2025.
La iniciativa también busca conocer qué prestadores suspendieron la atención desde 2024 y cuántos reclamos judiciales y medidas cautelares existen por falta de cobertura.
Otro de los puntos centrales del pedido apunta al aumento de copagos y su impacto sobre los afiliados de IOMA, además de la situación en áreas consideradas críticas como discapacidad y salud mental.
En ese sentido, el bloque libertario reclamó detalles sobre la implementación del nomenclador nacional para discapacidad, la cobertura de tratamientos psicológicos y psiquiátricos y las prestaciones vinculadas a consumos problemáticos.
El proyecto también exige información sobre la recaudación de IOMA, la mora en los aportes, los convenios firmados y los gastos destinados a publicidad oficial entre 2024 y 2026.
Desde La Libertad Avanza señalaron que el pedido de informes busca “garantizar transparencia” en el manejo de los recursos de la principal obra social de la provincia y conocer el estado real de las prestaciones que reciben millones de bonaerenses.
Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se victimizó tras las acusaciones y se cruzó con el Gobierno libertario, amparado por una complicidad gremial que levanta reclamos sólo cuando son de jurisdicción nacional.
“El sistema público está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Hoy, el 50% de las personas que se atienden en hospitales públicos tiene algún tipo de cobertura, pero no puede utilizarla plenamente por la crisis del sistema que acota prestaciones y no da respuesta”, explicó.
El ministro también apuntó contra el programa Remediar: “Hoy, uno de cada cuatro jubilados no toma todos los medicamentos que necesita porque no puede pagarlos”, afirmó.
En ese marco, Kreplak destacó que la movilización federal de la que participó junto a ATE, IOMA y otras organizaciones que poco y nada dicen del IOMA.
“Lo que sucede con el IOMA no excede a la situación que atraviesa el conjunto de las obras sociales y del sistema de seguridad social argentino», se victimizó el ministro.
“Muchísimas personas dejaron de poder sostener segundas coberturas, o coberturas duplicadas y comenzaron a utilizar más el IOMA.”
Además, dijo “hoy el funcionamiento del IOMA se sostiene con los aportes de los empleados provinciales, porque los municipales, que también tienen IOMA, generan mensualmente un déficit mensual cercano a los 10.000 millones de pesos para la obra social, debido al congelamiento y deterioro salarial de muchos de los municipios”, señaló.
“La deuda de Nación con la Provincia ya supera los 20 millones de millones de pesos. Mientras recortan recursos, medicamentos y programas sanitarios, después intentan responsabilizar a las provincias por las consecuencias de ese ajuste”, afirmó.
